Preocupación en la Provincia por beneficios a represores

Uno de cada cuatro represores cumple condena en la cárcel, lo que representa un 23%. "Esto es porque la justicia ha tardado en llegar", aseguran los organismos de derechos humanos. Desde que asumió Macri ya son 50 los condenados por participar en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que lograron salir de la prisión para cumplir con su condena desde su casa.

La posible prisión domiciliaria para el ex-titular de la Policía Bonaerense durante la última dictadura, Miguel Etchecolatz, puso en tema de agenda los beneficios que empezaron a recibir cientos de represores condenados por delitos de Lesa Humanidad.
En ese contexto desde la Comisión Provincial por la Memoria hicieron escuchar su preocupación por esta temática en la Provincia, que ya tuvo su correlato en decisiones a nivel nacional y que implicó que varios "colegas" de Etchecolatz tuvieran beneficios en sus condenas.
Comunicado
"La Comisión Provincial por la Memoria expresa su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.
Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos. Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.
Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.
Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro hemos corroborado que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.
Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos. La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.
Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria".
En este contexto, es importante destacar que desde que asumió Mauricio Macri como Presidente ya son 50 los condenados por participar en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que lograron salir de la prisión para cumplir con su condena desde su casa.
Así se viene sucediendo desde febrero pasado, donde juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados. Todos ellos obtuvieron la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.