Si uno viese a Yong Ye, también conocido como "A Di", no le daría demasiado crédito a las acusaciones en su contra. De 35 años, ojos saltones y algo de papada, no encaja en el cliché de un cerebro criminal despiadado. Sin embargo, la situación judicial en su contra es grave. Yong Ye está acusado de ser el jefe de Pixiu, la mayor organización criminal que azotó a los supermercados de la comunidad china al menos desde 2003. En Colón fueron dos los ataques. En el 2004 tiraron una bomba de gas lacrimógeno en el supermercado Muralla China de calle 11 entre 53 y 54. Los empleados escaparon por la parte de atrás. Eran las 11 de la noche. En la actualidad, y hace poco meses, dejaron una nota y un teléfono celular pidiendo 50 mil pesos mensuales. Estaba escrito en dialecto mandarín.
El flujo de caja de Pixiu, el típico de cualquier tríada mafiosa oriental, era muy sencillo. Primero, llegaba un apriete: una hoja tamaño A4 con un pedido, usualmente en dialecto mandarín. Podían ser 50 mil o cien mil dólares, dependiendo de la envergadura del comercio. Si el comerciante accedía, podía terminar pagando 50 mil pesos mensuales como un canon para no morir. Si se rehusaba, podía recibir un tiro de alto calibre. Yong Ye tenía una particularidad: ser el hijo de uno de los mayores jefes de Pixiu a nivel global, preso en China por crímenes mafiosos. Uno no hereda los pecados del padre, pero para Yong Ye, el material en su contra en manos de la Justicia porteña ya se había vuelto demasiado.
A comienzos del mes pasado, la operación "Cabeza de Dragón", ejecutada tras una larga investigación de la división Defraudaciones y Estafas de la PFA bajo la firma de la jueza María Gabriela Lanz y el fiscal Marcelo Roma, metió preso a Yong Ye, que fue encontrado en un aguantadero propiedad de su novia en la calle Ramón Falcón junto a dos de sus supuestos lugartenientes. Hubo 40 detenidos para 22 allanamientos en total en puntos de la Ciudad como el restaurant Dragón de Oro, sobre la calle Corriente junto al viejo cine Cosmos, donde la cúpula de Pixiu celebraba sus banquetes.
En un supermercado de San Martín, efectivos del grupo GEOF tuvieron que enfrentar disparos de soldados del grupo. En Pergamino, dos grandes hipermercados fueron allanados: ahí se almacenaba mercadería casi vencida que Pixiu, según información policial, obligaba a los comerciantes extorsionados a comprar. Hubo más de 40 detenidos. Una denuncia de diciembre de 2015 fue lo que echó a rodar el fin de Pixiu en los tribunales de la calle Talcahuano, pero lo cierto es que Defraudaciones y Estafas investigaba al grupo hace cinco años con más de 1200 CDs de escuchas telefónicas en tres dialectos distintos.
La semana pasada, luego de que la jueza Lanz procesara a tres de sus máximos presuntos capos, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó bajo la firma de los jueces Jorge Rimoldi y Ricardo Pinto los procesamientos con prisión preventiva y desestimó los agravios presentados por los abogados defensores.
Los magistrados en su fallo consideraron a Pixiu una "verdadera organización oculta que se signó por la perdurabilidad en el tiempo, el planeamiento y la estructura que demandó la comisión de sus diversos hechos delictivos". (Informe)
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