La extranjeración de tierras impactaría en el triángulo de oro

La presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara de Diputados, María del Huerto Ratto, manifestó su "la preocupación" y repudió la modificación dispuesta por el presidente Mauricio Macri en el decreto que reglamenta la ley de tierras rurales (Ley n 26.737) para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros y advirtió lo que puede suceder en los campos bonaerenses.

"No puede dejar de preocuparnos el Decreto 820/16 que nos retrocede a etapas históricas donde los bienes estratégicos de los argentinos se concentraban en manos extranjeras", dijo la diputada de Pergamino, quien recordó que "en la década del 90 también hubo una etapa de extranjerización de nuestras tierras, en las cuales empresas o personas de otros países adquirían a precios desacoplados de los internacionales estos bienes sin ningún tipo de control de parte del Estado".
Agregó "Otro cambio tendrá impacto en nuestra provincia por la flexibilización de la prohibición que tienen los titulares extranjeros para adquirir más de 1000 hectáreas cada uno en la zona núcleo de nuestro país, delimitada por el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. El decreto presidencial establece que las provincias deberán definir en los próximos 30 días las superficies que en cada distrito podrá adquirir un extranjero. Caso contrario, la Nación determinará dichas equivalencias a través del Consejo Interministerial de Tierras Rurales", aseguró
"Esta decisión presidencial presenta no sólo un retroceso en la materia sino que significa un grave antecedente institucional donde mediante un decreto se modifica unilateralmente una ley nacional, rompiendo el mínimo equilibrio de poder que necesita el Estado de Derecho", explicó. Con el argumento de "facilitar y posibilitar las inversiones en el país" se flexibilizó por decreto los controles dispuestos por la Ley de Tierras para la venta de propiedades rurales a extranjeros.
En este marco, la legisladora recordó que "la norma desarticula una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para adecuarse a la norma, vulnerando de esta forma el espíritu de la ley y permitiendo al extranjero e control de las sociedades que posean tierras argentinas, llevando su participación al 51 por ciento".