PAMI y las farmacias y los medicamentos para jubilados

El sector pasivo hoy sufre avatares pare-cidos a los del resto de la sociedad; pero dadas sus particularidades, y considerando que se trata de una de las franjas más vulnerables de la comunidad, los contratiempos que enfrentan cada vez que se corta la cobertura del PAMI en farmacias, aumenta el precio de los medicamentos o se deterioran sus ingresos, impactan con fuerza en la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros mayores.

En cuanto a la salud, el problema principal está enfocado hacia los medicamentos. El Colegio de Farmacéuticos de la Pro-vincia de Buenos Aires cortó la cobertura a los afiliados del PAMI a la hora cero del jueves pasado, y así continuó la situación hasta el sábado, cuando tras una reunión realizada entre funcionarios del Gobierno Nacional y de la entidad que nuclea a los farmacéuticos se llegó a un "acuerdo transitorio" que incluyó el pago de una pequeña parte de la deuda (menos del diez por ciento). Según expresaron algunos comerciantes del sector, mientras las droguerías proveen los medicamentos contra un pago a 15, 20 o (en algunos pocos casos) a 30 días, el PAMI paga a 30, 60, 90 y hasta 120 días. Este esfuerzo de financiación es absorbido por las farmacias siempre y cuando los pagos no se atrasen, pero se les hace imposible enfrentarlo cuando, como ahora, el PAMI tiene una deuda gigantesca.
Otro aspecto que es muy importante poner de manifiesto, siempre en el tema de salud, es que los médicos de cabecera continúan atendiendo sin inconvenientes a los afiliados del PAMI, y que tampoco hay problemas en los laboratorios bioquímicos, en los casos en que es necesario realizar análisis.

Los jubilados y el ajuste

Los jubilados son víctimas particulares de la situación económica general. Algunos de ellos, consultados, explicaron que en este último tiempo sus ingresos no aumentaron más del 15 por ciento, mientras los artículos de primera necesidad, los medicamentos (o la parte que les toca abonar) y demás, aumentaron mínimamente un 40 o 50 por ciento. Y las tarifas de los servicios (luz, gas, etc.) muchísimo más, como es de dominio público. Esto, sin dudas, ha significado un grave deterioro de su calidad de vida en general.