En la Provincia se suspenden los nombramientos en planta transitoria y permanente de la Administración Pública

La gobernadora a través del Decreto 618/16 que está firmado desde el 30 mayo, suspende las desig-naciones de personal en "en todas las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública" provincial. El decreto exceptúa al personal docente y auxiliar docente de la Dirección General de Cultura y Educación, Servicio Penitenciario para atender en el grado de Guardia, y las designaciones de los profe-sionales médicos en el grado de Subalcaide.
Este miércoles se publicó un decreto firmado en marzo por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que suspende por un año las designaciones de personal de planta permanente y transitoria en todas las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública provincial.

El objetivo de la medida es "sanear el déficit fiscal" y "preservar el equilibrio pre-supuestario". La medida po-drá prorrogarse por un año más "de existir causas obje-tivas que así lo justifiquen".
El decreto exceptúa al per-sonal docente y auxiliar do-cente de la Dirección General de Cultura y Educación, policías de la provincia de Buenos Aires para atender exclusivamente en el grado de Oficial, Servicio Penitenciario para atender en el grado de Guardia, y las designaciones de los profesionales médicos en el grado de Subalcaide.
El congelamiento también exceptúa al personal hos-pitalario y de enfermería y personal que preste servicios directos de atención a per-sonas en las áreas de mi-noridad y que se encuentren afectados en forma exclusiva y permanente en los esta-blecimientos del sistema de protección de la minoridad.

El repudio de los gremios

En ese contexto, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGE-PPBA), emitió un comunicado en rechazo y repudio al decreto y el "accionar gubernamental de ignorar la intervención de la organizaciones gremiales representativas de los trabajadores públicos, desconociendo y violando abiertamente el ámbito paritario".
Desde la Federación reclamaron su inmediata derogación y solicitaron una reunión urgente al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con el objeto de "plantearle la grave situación en perjuicio de los derechos e intereses de los trabajadores públicos provinciales, que generara la eventual aplicación del referido decreto".
Ante esta situación, desde FEGEPPBA y todos los gremios que la integran se declararon en "estado de alerta y sesión permanente" y advirtieron que de ser necesario recurrirán a la justicia para solicitar que el decreto sea considerado inconstitucional.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que esta medida "completa un combo" de leyes y decretos que apuntan al "achicamiento y desguace del Estado provincial, así como a profundizar la precarización laboral de sus trabajadores".
El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, señaló que "están queriendo realizar una reforma estructural en el Estado que apunta a moldearlo aún más al servicio de los sectores más concentrados, precarizando las relaciones laborales. Como ya lo dijimos con la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, el gobierno provincial avanza en dos sentidos. El primero, el de habilitar a los grupos del sector privado a hacer todos los negocios sin ningún control del Estado. Y, el otro, el de precarizar las relaciones laborales de manera extrema con la creación del contrato autónomo, que avanzan sobre los derechos laborales".
Con la firma del decreto, la Provincia acudió, según pue-de leerse en el texto, "al congelamiento de las vacan-tes que se van produciendo en las distintas jurisdicciones y a la suspensión de transitorias designaciones, así como también suspendió el proceso de pase a planta permanente de miles de traba-jadores por un año con la posibilidad de que la presente disposición sea prorrogada por un periodo similar", aseveró en la continuidad de la crítica.
Desde ATE se plantea que, las leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica, sumadas a la Ley de Modernización del Estado, que tiene media sanción en el senado, juntas al decreto N°230, "que da facultades feudales a los ministros para nombrar personal y avanzar sobre cuestiones paritarias", según de Isasi y al reciente decreto N°618, muestran que "la gobernadora Vidal intenta descargar la crisis sobre los trabajadores", señaló de Isasi.