La disputa en torno al cobro de regalías que la estadounidense Monsanto exige por el uso de su innovación (la soja transgénica Intacta) -sumada a las quejas por la falta de un marco legal que le asegure a las empresas la propiedad sobre las semillas- sigue alentando las diferencias entre la mul-tinacional y el Gobierno que encabeza Mauricio Macri.
El conflicto ya suma más de cuatro meses desde que cobrara visibilidad el control sobre los granos que la compañía lleva a cabo en los puertos de exportación.
En esta contienda, poco a poco, la balanza parece inclinarse a favor de Monsanto, que ya dejó de reclamar en soledad.
Según confirmaron fuentes vinculadas con la multinacional, la compañía celebró un encuentro con Gustavo Lopetegui, coordinador del equipo económico del macrismo.
El hecho a destacar es que ahora lo hizo en representación tanto de sus intereses como los de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), la cámara de la industria aceitera (CIARA), la Fede-ración de Acopiadores y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
En concreto, este reclamo mancomunado implicó para Monsanto el contar, además, con el pleno respaldo de varios "peso pesado" en su disputa contra el Gobierno.
Entre ellos, empresas de la talla de lave del Bayer, Basf, Syngenta, Nidera, Dow o Bioceres. Es decir, con el apoyo de compañías que también desarrollan soja y otros cultivos modificados genéticamente.
"Ahora somos una coalición. Si bien hay un cuarto intermedio, eso no quiere decir que Monsanto haya dejado de aplicar los controles en los puertos", aseguró a un importante ejecutivo de la compañía.
El bloque que encabeza Monsanto ofreció concesiones al Gobierno que terminaron siendo rechazadas.
Entre ellas, eliminar el cobro automático (en los puntos de entrega y de exportación) de todos aquellos granos derivados de semillas que no fueron abonados en bolsa.
Al mismo tiempo, abrió el juego a que el testeo sea llevado a cabo por organismos del Estado y no por la empresa y que los productores sean informados en caso de que se detecten ilegalidades, para así poder ejercer sus derechos.
"No hemos planteado inconveniente alguno en que la supervisión la haga el Estado. Pero la realidad es que hasta ahora nos dijeron que no, más allá de lo que han publicado distintos medios. A partir de ahí, todo se volvió a empantanar", confirmó la fuente.
El directivo remarcó que el Gobierno no quiere modificar las condiciones de los exportadores porque, en definitiva, se estarían movilizando mercaderías en infracción, en violación de las patentes de Monsanto.
"El Estado debería permitir la inclusión de una cláusula con los 'traders' para que se nos informe cuándo alguien entrega soja de la que no fue abonada la patente. También en esto los funcionarios se pronunciaron en contra de nuestra propuesta", señaló.
Al finalizar el último encuentro, Monsanto y sus "coalición" se retiraron de las negociaciones muy disconformes y con una postura clara y firme: no acordar.
Lo cierto es que así se man-tiene la contienda por estas horas, más allá de versiones periodísticas hayan informado sobre un arreglo.
Irse de Argentina ¿una posibilidad?
Desde el año pasado, Monsanto viene bregando para que ruralistas le paguen regalías por el desarrollo e innovación incluidos en sus semillas.
Al ver que la gran mayoría de los cargamentos no estaba en regla, entonces comenzó a hacer la supervisión por su cuenta en los puertos.
El Gobierno vetó esa supervisión compulsiva que venía haciendo. Entonces, la firma redobló su ofensiva anunciando que cancelaba por completo los lanzamientos de nuevos productos en la Ar-gentina.
Tal decisión implicó la sus-pensión de la soja modificada genéticamente que iba a pre-sentar, bautizada con el nombre de "Xtend".
Se trata de una semilla que combina resistencia a los herbicidas glifosato y dicam-ba. La salida a escena del pro-ducto, pensado por Monsanto para potenciar la expansión del cultivo en nuevas zonas agrícolas, estaba pautada para septiembre.
Pese a su disconformidad con el Gobierno, el directivo consultado por iProfesional tildó de "ridículas" las versiones que daban cuenta de que la compañía iba a quemar o a destruir sus reservas de X-tend.
"¿A quién se le ocurre que con la inversión que hemos llevado a cabo podemos llegar a tomar una decisión así?", expresó.
Añadió que el producto Xtend aún no ha sido aprobado para uso comercial en la Argentina y que cualquier accionar que se quiera realizar con la semilla requiere de la aprobación del INASE.
El desarrollo de Xtend le insumió a Monsanto un desembolso cercano a los u$s350 millones. Buena parte de ese monto se destinó a pruebas en las provincias de Buenos Aires (Pergamino) Santa Fe y Córdoba.
Además de descartar la quema de semillas, el directivo reconoció que la compañía estudia retirarse totalmente del mercado de soja si el Gobierno no flexibiliza su posición ante los pedidos del ahora "bloque semillero".
"Dejar de operar en la Argentina es una posibilidad que estamos evaluando", aseguró, al tiempo que expresó que "si no están dadas las condiciones, puede repetirse lo sucedido en 2003".
El directivo no descarta que la multinacional se vaya de la Argentina si no se le es reconocido sus derechos a cobrar por su invención.
Detalle del conflicto
Desde el año pasado, previo acuerdo con exportadores, la compañía lleva a cabo en los puertos un monitoreo de los cargamentos de granos para detectar el uso "pirata" de su innovación.
En caso de detectar que la soja entregada no figura entre las bolsas comercializadas por la firma, entonces pro-cede a cobrar una tasa de u$s15 por tonelada a quienes entregan esos granos.
Hace más de un mes, tras la fuerte oposición contra la multinacional entablada por entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Ministerio de Agroindustria dictó la resolución 140 por la que obligó a Monsanto a homologar su sistema de monitoreo. (Informe)
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