Se trata de siete denuncias penales por diversas irregularidades y delitos, que fueron presentadas en las últimas horas ante la fiscalía N°8 de Delitos Complejos de La Plata, que está a cargo de Jorge Paolini, por la actual conducción del IOMA, a cargo de Sergio Cassinotti, , que "detectamos una mezcla de desidia y corrupción que no podía funcionar sin un paraguas político de protección".
Una de las irregularidades detectadas es el pago de sobreprecios en la compra de los medicamentos fuera del convenio de cobertura, vía trámite extraordinario. Según una de las denuncias, allí se pagaba un 30% extra, si se compara el precio abonado por el IOMA con lo que debía costar el correspondiente medicamento según la AMNAT. La operatoria suponía un gasto extra para el Estado provincial de 36 millones de pesos al año.
Auditorías que puso en marcha la actual gestión detectaron que se pagaban sobreprecios en la compra de elementos de ortopedia. Por caso, las IOMA abonaba desde 2014 23.900 pesos por cada silla de ruedas, cuando en el marcado costaban unos 10.500. Siempre según las denuncias, con dos millones de afiliados, IOMA pagaba entre dos y tres veces más las muletas que lo que pagaba una obra social con 5 mil afiliados.
Las autoridades de IOMA dicen que encontraron, además, que durante la gestión de Antonio La Scaleia en el IOMA -en el segundo mandato de Daniel Scioli como gobernador-, se había montado una suerte de "fábrica de amparos" para conseguir coberturas no habituales. "Había entre 700 y 800 por mes, nosotros armamos una Unidad de Resolución de Conflictos y en el último mes solo 25 casos se resolvieron vía amparo," explicó Cassinotti.
Otros de los puntos oscuros detectados tiene que ver con las atenciones internaciones domiciliarias: casi no se hacían auditorías, por lo que se daban todo tipo de abusos. Se consignó el caso de una mujer fallecida en diciembre, que registraba visitas de los médicos a su domicilio durante enero y febrero, con certificaciones de profesionales que obviamente están fraguadas.
En el caso de las internaciones domiciliarias, "está muy avanzada la investigación sobre la empresa Hestia, de Junín", dijo Cassinotti. El directivo dijo incluso que avanzará en la suspensión de personal de la delegación de IOMA local. Allí también se investigan, como en otros casos, prestaciones facturadas pero no realizadas. Casinotti dijo que "en este rubro, en varios casos, hubo una pérdida de 240 millones año" y no había controles serios aunque "podían hacerse porque son solo unos 3 mil pacientes".
Ante ese panorama, que involucra a ex autoridades de IOMA en un directorio que tiene también representantes gremiales, pero también a efectores privados como clínicas, empresas proveedoras de insumos, y profesionales médicos que firmaban certificaciones, Cassinotti explicó a esta agencia que uno de los mecanismos que favorecieron las irregularidades fue la "ausencia de controles cruzados".
"Había direcciones que contrataban servicio, los auditaban y también firmaban las liquidaciones", dijo el actual presidente del IOMA. El funcionario dijo que "el recupero solo por corregir las irregularidades contenidas en estas denuncias será, estimativamente, de un 360 millones de pesos al año". Ese monto, multiplicado por los cuatro años en que al menos había estado vigente el esquema, implica un perjuicio para las arcas públicas de 1.440 millones de pesos.
Consultado La Scaleia, el presidente del directorio de IOMA cuando según las denuncias ocurrieron las irregularidades, optó por "responder con algunos datos de gestión, porque es evidente que en términos políticos hay una decisión nacional y provincial de denunciar cualquier cosa". El exfuncionario negó los sobreprecios y dijo que "es muy raro que haya habido fraude en una institución que entregamos con 750 millones de pesos de superávit".
La Scaleia aseguró que "generamos un ahorro en prótesis de 800 millones de pesos, sumamos 250 mil afiliados y bajamos en número de empleados". Y que "no terminamos con retraso en pagos a prestadores, excepto en el caso de los medicamentos, donde teníamos un convenio especial con los laboratorios".
También dijo, en respuesta a la acusación de sobreprecios en medicamentos, que "cuando el Estado compra, y lo hace en términos perentorios porque son medicamentos, hay una licitación y a veces no se presenta ningún prestador que pague el precio teórico de ANMAT". Pronosticó que "a esta gestión le va a pasar exactamente lo mismo", cuando deba atender esas urgencias. Finalmente, negó irregularidades en la compra de computadoras.
|
