En los primeros días de febrero se conocía la noticia de que los nuevos directivos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) tomaban la decisión de revisar todos los convenios que la mencionada obra social mantenía con sus prestadores de ser-vicios. Las medidas se tomaba en medio de grandes sos-pechas de corrupción.
Cabe recordar que el directorio de la obra social había que-dado en la mira al cierre de la administración anterior con varias causas penales abiertas en los tribunales de La Plata por estafa y diversas irregularidades. En total son 15 los procesos penales abiertos que se tramitan en la Fiscalía de Delitos Complejos, por irregulares en la obra social fruto de demandas presentadas durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
Denuncias de afiliados
Entre el 2009 y el 2010 comenzaron las denuncias de afiliados que ponían al descubierto una serie de irregularidades, las que confirmaron que se trataba de asociaciones ilícitas y de estafas reiteradas, que operaban a través de personas fallecidas mediante el tratamiento oncológico con drogas onerosas.
Por otra parte, se cargaba a cada afiliado, prestaciones sobre las cuales no tenía conocimiento. Las prestaciones farmacológicas se direccionaban a diferentes Farmacias relacionadas con directivos de IOMA para la búsqueda de beneficios.
Además, se generaban rece-tas apócrifas y desde el Instituto se abonaban. "Era una operación perversa que involucraba millones de pesos y era una estafa importantísima. Directivos y funcionarios no tenían el conocimiento técnico y científico necesario y entraban al cargo para hacerse multimillonarios", puntualizó el presidente de la Asociación de Profesionales, Idelmar Seillant.
Hacia el 2014 y 2015, se realizó una auditoría contable y de gestión que dio como resultado que un total de 2800 millones de pesos estaban destinados a sobreprecio.
Por la intervención
En ese contexto, desde el Frente Renovador se pidió la intervención del Ioma y la creación de una comisión bicameral que investigue la situación de la obra social del Estado bonaerense, jaquea-da por numerosas denuncias de irregularidades.
Tras numerosas denuncias sobre presuntas maniobras fraudulentas en la obra social estatal, desde el bloque massista consideraron "primordial" que el Ejecutivo avance con la intervención del organismo. En ese sentido, el diputado massista Pablo Garate aseguró que se dejó una deuda con el Ioma de 2.600 millones de pesos. "De ahí la sospecha de que se habrían cometido serias irregularidades sobre todo en concepto de sobreprecios".
Para el diputado existen dos ejes centrales. Por un lado, sospechas de evidentes hechos de corrupción, denuncias y damnificados concretos que deben investigarse. Y por otro, una mala prestación de la obra social para los afiliados, como con-secuencia de las irregularidades. Algo que el Ejecutivo debe atender inmediatamente. En el texto del proyecto, Garate recuerda que el directorio de Ioma es integrado por representantes de los gremios "que habrían convalidado los hechos que se denuncian en la justicia". Para el legislador, la única manera de separar a los funcionarios es con la intervención. Además, consideró que "ya han pasado 100 días del cambio de gobierno y hay hechos demostrados que determinan rápidamente los motivos de una intervención, como la que autorizamos a realizar mediante este proyecto".
El proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados dispone que el interventor del organismo deberá ser designado por el Gobierno provincial y tendrá las facultades y deberes del Presidente y Directorio. La norma también obliga a contratar una auditoría externa de gestión y de corte para saber el estado real en que se encuentra la obra social y realizar los sumarios administrativos disciplinarios pertinentes.
Allanamientos y detención
En el marco de las denuncias por las irregularidades en la obra social, la policía Federal realizó allanamientos en varias ciudades del noroeste bonaerense y detuvo a un directivo de la institución.
Los procedimientos se realizaron en forma simultánea y a través de grupos de la policía Federal, en Chacabuco, Vedia (partido de Leandro N. Alem) y Junín, en domicilios de funcionarios y ex funcionarios de IOMA, de médicos auditores y de empresarios proveedores de esa obra social, así como en locales de la misma.
"Las diligencias se cumplieron con intervención de personal judicial y en todos los casos por efectivos de la Delegación Junín de Policía Federal Argentina, con apoyo de sus pares de grupos operativos de las delegaciones Pergamino, San Nicolás y Mercedes, en forma conjunta y simultánea en los domicilios del ex director de Región IOMA Junín, doctor Oscar Zazzali, en Chacabuco; del actual jefe de depar-tamento de Región Junín, Eugenio Eduardo Pirani; de los médicos auditores doctores Jorge Pesce (en Vedia, partido de Leandro N. Alem) y Gustavo Crivella, y de los empleados de IOMA Claudia Denti, Diego Pirani y Jor-gelina Pirani", dice el comunicado oficial de la Fis-calía.
Desde Fiscalía se informó que Idéntica diligencia se cumplió en los domicilios de Miriam Gómez y Fernando Pirani, en su condición de prestadores de IOMA, y en las oficinas de IOMA Junín, ubicadas en Quintana y avenida San Martín.
Los nombrados fueron notificados del contenido del art. 60 del Código Procesal Penal, respecto de la formación de la causa en la que se investigan en principio, entre otras conductas, la de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en los términos del artículo 265 del Código Penal. En ese marco Eugenio Pirani resultó aprehendido por tenencia ilegal de arma.
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