El gobierno bonaerense aceleró el estudio de la actualización del cuadro tarifario luego de que el ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, dispusiera primero una suba en las tarifas que las distribuidoras pagan a la transportadora Camesa y, luego, un incremento en los precios que pagan los usuarios particulares, que va del 300 al 700 por ciento, según los casos.
Pero en términos bonaerenses ese incremento afecta solo a los usuarios del Conurbano, atendidos por Edenor y Edesur, las dos distribuidoras cuyo funcionamiento está regulado a nivel nacional. No afectó, por lo tanto, a los habitantes de La Plata y de todo el interior, que reciben el servicio a través de las distribuidoras Edelap, Edes, Edea, Eden, y también a través de las cooperativas que sirven a más de 80 localidades.
Es justamente sobre ese último grupo que recaerá el incremento, que según explicaron a DIB fuentes del Ejecutivo, la gobernadora ya decidió que se va a aplicar. La cuestión, incluso, formó parte de las charlas entre funcionarios locales y provinciales en la reunión de gabinete que realizó Vidal hoy en la ciudad de Magdalena, como prolongación de la modalidad de “itinerante” que viene dando a esos encuentros.
Por eso, desde hace días, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Edgardo Cenzón, avanza en un estudio sobre el nivel de las tarifas en la provincia y cuál debe ser el porcentaje y la modalidad e aumento que elevará con formato de propuesta a Vidal, para que sea la gobernadora quien tome la decisión final al respecto, un trámite que ocurrirá en los próximos días, según pudo saber esta agencia.
Aunque el monto es un secreto que se guarda por ahora bajo siete llaves, se sabe que se optaría por aplicar un aumento uniforme para todo el amplio territorio cubierto por las distribuidoras provinciales y las cooperativas. También, que el nivel de actualización tarifario allí es superior a que existía en Capital y el Conurbano, por lo que el aumento sería inferior al que dispuso Aranguren.
En ese punto, desde el Gobierno de Vidal le informaron a algunos intendentes que el aumento está decidido y pusieron como ejemplo un caso hipotético: “un usuario que ahora paga 100 pesos, pasará a pagar 360 pesos”, dijeron. Si finalmente ese es el criterio que se adopta, el aumento sería del 260%, aunque desde el Ejecutivo insistieron, en que no hay confirmaciones al respecto.
Otro punto bajo evaluación, además de si la posibilidad de pago de las factura será mensual, como ocurre en el nivel nacional, es el esquema legal que debe aplicarse. Es que hay un antecedente inmediato complejo: el aumento del servicio de agua potable que dispuso ABSA cuando era controlada por Daniel Scioli. Allí se avanzó sin realizar la audiencia pública necesaria en estos casos, por lo que el incremento terminó judicializado. Aranguren apeló a un antecedente legal para argumentar que en su caso ese requisito podía saltarse en este oportunidad, pero no está claro que el mismo argumentos sea válido para la provincia.
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