En cierta medida, la paritaria es, en comparación con el presupuesto, un test mucho más fidedigno de las capacidades del gobierno de Vidal para tramitar el conflicto. Es que la negociación por la pauta de gastos e ingresos involucró de alguna manera a Cambiemos en sentido "amplio": sus legisladores y sus intendentes fueron parte esencial del debate, al igual que la contraparte peronista. Ahora, es el Ejecutivo en soledad el que se sentará a la mesa con los representantes gremiales, en especial do-centes.
El equipo de la Gobernadora lo integrarán los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Educación, Alejandro Finochiaro y de Economía, Hernán Lacunza. Los supervisará el ministro de Gobierno, Federico Salvai, y habrá un actor en las sombras: el titular de Gestión y Control, Roberto Gigante, un hombre que detesta la ex-posición pública pero que probablemente tenga un rol clave en uno de los temas que singularizan la discusión de este año, la cuestión de las cesantías en el Estado.
Ese equipo deberá cerrar un acuerdo en un contexto que no podría ser más complejo, por decirlo de modo suave. Lo que más impacta aquí es la inflación post devaluación y las subas de tarifas, al punto de que las predicción del presidente Mauricio Macri de un incremento de precios anualizado del 20% se transformó en una hipótesis muy poco probable. Además, la paritaria arranca en el pico de suba, lo que teñirá sin duda el ánimo y la capacidad negociadora de los gremios.
Pero a esa circunstancia si se quiere "externa" (aunque las medidas que la provocan son tomadas por un gobierno del mismo signo político que el de Vidal), se agrava por decisiones propias del Ejecutivo provincial. Ahí figuran sobre todo las cesantías, que en provincia se operan hasta ahora vía caída de contratos y que según ATE ya afectan a "cientos" de trabajadores. La reversión sustancial de ese proceso es condición para cualquier acuerdo, según ya plantearon oficialmente los gremios.
El problema allí es que, en la Provincia, el proceso respecto del empleo público recién arranca: hasta ahora hubo despido de funcionarios po-líticos (cargos de Director Provincial hacia arriba), que no generan conflicto, pero aún no se terminó la evaluación de la situación general de los contratados, que son algo así como el 20% del total y cuya situación terminará de definirse allá por marzo. Quien la realiza el escaneo y sugiere cursos de acción es justamente Gigante.
El meollo, seguro, será la cuestión salarial. Los gremios, docentes pero también de la administración central, judiciales y médicos, hablan de aumentos del 42 al 44%, como mínimo.
Y a rediscutir a mediados de año, si la inflación, al contrario del razonamiento oficial, en vez de comenzar a decrecer se acelera. Como termómetro de lo que están pensando, valga un estudio de ATE bonaerense, que indica que solo habrá recomposición del salario real si hay una suba del 44% retroactiva a enero y una inflación anual no mayor al 32%.
La caja de herramientas que por ahora maneja el equipo provincial no parece muy adaptada a esas expectativas. Allí toman como parámetro para manejarse con los gremios bonaerenses algunas señales internas que emanan desde el ala económica del gobierno nacional en orden a arrancar la negociación con una oferta de aumento inicial del 15%, para completarla con una segunda que totalice el 25% anual que sugirió el ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich.
Agregan otros razonamientos, de cosecha propia, que dan buena cuenta de cómo encararán la cuestión. El más demostrativo es que no piensan, ni por asomo, poner en juego una suba de la masa salarial (el monto total destinado a sueldos) del 40%, como el que Daniel Scioli dispuso para el período 2014-2015. "Eso fue una decisión electoralista cuyas consecuencias todavía sufrimos", dijo un alto funcionario bonaerense.
Donde sí probablemente ceda Vidal es en la metodología: aunque se espera un rechazo inicial, en el gobierno saben que casi no tendrán otra opción que aceptar discutir ahora y volver a hacerlo a mediados de año. El formato será dejar la paritaria abierta, para retomarla con los ajustes por inflación a mediados de año. Parece menor, pero prefieren eso a abrir dos paritarias en un año, porque suponen que lo segundo alienta mayores expectativas de suba.
En el caso específico de educación, buscarán además atar el debate por los sueldos con otros más generales, sobre el modelo educativo y la forma en que desarrollan su tarea los docentes.
Con fecha de inicio de clases prevista para el 29 de febrero, es bastante probable que la vorágine de la paritaria termine por devorarse ese debate, siempre postergado hasta ahora.
Esa fecha será clave para saber si Vidal logra dar la señal de comenzar en tiempo y forma el ciclo lectivo, algo que la diferenciaría de lo que ocurrió durante la mayoría del período de su predecesor. Si eso ocurre, será porque cerró la paritaria, lo que va mucho más allá de la cuestión del empleo público: para un gobierno que se comprometió a no usar deuda para pagar sueldos, el resultado de esa negociación es clave en términos de su ecuación económica y, por lo tanto, contribuirá a determinar lo que pueda o no hacer en el primer año de gestión
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