La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal a cargo será Gerardo Pollicita. Hasta el 31 de enero Ramos será subrogado por Norberto Oyarbide, por lo que seguramente será recusado por Carrió. Los presuntos delitos habrían sido cometidos por Ricardo Lorenzetti y el Secretario General de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, aunque también señala a otros “funcionarios que pudieron tener participación en los hechos”. Carrió resaltó un “sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema”. La diputada presentó documentación proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de la que surge la percepción por parte de Lorenzetti de rentas provenientes de un plazo fijo constituido en la filial estadounidense del banco suizo Credit Suisse. Con posterioridad, el magistrado, en pleno ejercicio de la presidencia de la Corte, regularizó las rentas fiscales ocultas en el marco de la Ley 26.476 de blanqueo de capitales. En el caso de Marchi se resaltaron presuntas irregularidades al no haber declarado al menos un inmueble rural, detectado esto por la AFIP en el llamado “Operativo Granos 2013” llevado a cabo entre abril y junio por la Dirección General de Operaciones Impositivas del Interior, el 5 de abril de 2013. Asimismo, administrador de la Corte omitió presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. En tanto la referida a 2012, la presentó en plazo vencido, el 27 de junio de 2013. Carrió denunció que la firma RATIO S.A, de la que serían titulares personas allegadas al magistrado, se encuentra registrada bajo la actividad de “servicios inmobiliarios”. En su sede en la localidad de Rafaela, en la calle Sarmiento al 400, también realiza actividades Pablo Ricardo Lorenzetti hijo. Olga Cossetini 1190, piso 5°, departamento 505, del lujoso barrio de Puerto Madero sería el domicilio alternativo de la empresa RATIO S.A, la que habría adquirido el inmueble a una sociedad off shore registrada en el estado de Delaware de Estados Unidos. En esa propiedad, residiría Ricardo Lorenzetti. La documentación que presentó Carrió surge de un expediente que el ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, acompañó ante el juzgado federal N° 12, a cargo del magistrado Sergio Torres, como parte de su derecho a defensa, tras haber sido denunciado por supuesto “abuso de autoridad” por un abogado desconocido. Los orígenes de las actuaciones, según da cuenta la diputada nacional, se iniciaron tras la notificación por parte de la Afip en el marco del relevamiento de empleadores de personal del servicio doméstico realizado con todos los contribuyentes. A partir de ese hecho, Daniel Marchi habría iniciado una serie de llamadas telefónicas a funcionarios del ente recaudador, en particular a Federico Toninelli, a quien incluso habría “instigado” a cesar en una “persecución abusiva”. A esta situación la Afip la negó por escrito en varias oportunidades, según detalló Carrió en la presentación. De dichas reuniones, habría participado también la directora de Administración de la Corte, Carmen Odasso. Por su parte, Toninelli dejó por escrito una serie de “amenazas” del contador del poder judicial, quien incluso le habría advertido que los ministros analizaron en un Acuerdo, denunciar a Echegaray por “abuso de autoridad” si continuaba con esa presunta tesitura de “hostigamiento y persecución política”. Toninelli también por escrito refutó esas acusaciones y los abogados de la Afip se presentaron ante el juzgado de Torres a hacer su descargo. La causa, según pudo saber LA NACION, se encuentra en etapa revisora por parte de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que Echegaray pidiera su sobreseimiento. Allegados al presidente de la Corte advirtieron que esta denuncia se trataría de una maniobra “política” que no debería impulsarse ante la sensible situación que enfrenta el Máximo Tribunal, con sólo tres ministros. La figura de Lorenzetti en la Corte es garantía de “independencia judicial”, explicaron jueces cercanos al ministro que “deberá enfrentar un cambio rotundo en su jurisdicción una vez que se postulen nuevos candidatos o el senado avale a los indicados por el presidente Mauricio Macri : Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz”, replicaron los consultados. (Fuente La Nación) EL GOBIERNO SE DESPEGA DE LA DENUNCIA La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó una denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por supuesto “enriquecimiento ilícito”, mediante un escrito que retomó argumentos similares a una presentación que hizo la AFIP en 2013, durante la gestión de Cristina Kirchner. La denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Ramos -subrogado durante la feria judicial por Norberto Oyarbide- también abarca a un funcionario administrativo del máximo tribunal. Ante la acusación de la diputada, una aliada del presidente Mauricio Macri e integrante fundadora de Cambiemos, el Gobierno tomó distancia, aunque admitió que la presentación “genera preocupación institucional” y pidió “ser analizada con prudencia”. Durante todo el día hubo contactos de funcionarios de la Casa Rosada y la Corte Suprema, con el objetivo de preservar la institucionalidad, según revelaron a Infobae fuentes oficiales. Es que el alto tribunal actualmente funciona sólo con tres integrantes: Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. También, desde la Corte recordaron que altos funcionarios del Gobierno estuvieron en comunicación permanente con el presidente del alto tribunal por un grave episodio ocurrido durante fin de año. Desde el cuarto piso de la Corte se tomó el tema con “tranquilidad” y, en un primer momento, se analizó la posibilidad de emitir un comunicado de respuesta a la denuncia de Carrió. Según pudo saber Infobae, finalmente esa alternativa quedó desechada y por medio de voceros autorizados se recordó que el juez Sergio Torres ya emitió un fallo sobre la presentación que el titular de la AFIP en 2013, Ricardo Echegaray, había realizado con los mismos hechos esgrimidos hoy por Carrió. En la denuncia de la diputada se reiteraron los argumentos sobre un supuesto ocultamiento patrimonial que durante el gobierno anterior se le realizó al presidente de la Corte Suprema, en plena guerra por la Ley de Medios. “Tras esa denuncia, se demostró que no hay nada objetable en la declaración jurada de Lorenzetti”, indicaron los portavoces del máximo tribunal. Mientras tanto, el Gobierno negó conocer el contenido de la denuncia por enriquecimiento ilícito: “Desconocemos hasta el momento el contenido de la denuncia”, afirmaron desde la Casa Rosada y aclararon que no tuvo “participación en la formulación” de la misma. Además, fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se manifestaron “sorprendidísimos” por la presentación de la diputa, “dada la trayectoria de Lorenzetti, quien es Presidente de la Corte desde el año 2007 y reelecto por sus pares en varias oportunidades”, dijeron. En pleno proceso de selección de los nuevos jueces supremos, desde el ámbito político no se descartaba que haya sectores interesados en generar un clima de controversia entre el gobierno nacional y la Corte Suprema, a fin de complicar la normalización de su funcionamiento, tras las dos vacantes que quedaron por las renuncias de Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt. Grave incidente Fuentes del máximo tribunal recordaron a Infobae que en las últimas semanas hubo contactos permanentes de Ricardo Lorenzetti con altos funcionarios de la Casa Rosada debido a un grave incidente que ocurrió hacia fin de año. De acuerdo con los voceros, el 31 de diciembre, en la esquina de la casa de la madre del juez, en Rafaela, Santa Fe, apareció una pintada en una pared con injurias hacia él, que habría sido realizada entre los minutos finales del año 2015 y las 2 de la madrugada del 1° de enero. A las 2:30 de la madrugada, una persona le sacó una foto con su celular a ese graffiti. Según reconstruyeron las fuentes del máximo tribunal, cerca de las 10 de la mañana del mismo 1° de enero, el presidente de la Corte recibió en su celular oficial un mensaje de WhatsApp desde un número telefónico desconocido con la foto de esa pintada, tomada desde el celular de quien la sacó. Hasta ahora se sabe que el tipo de graffiti y el aerosol utilizado, se trataría de una persona que sería avezado en el tema. Ante este grave episodio, el juez Lorezentti puso en conocimiento de los hechos a las autoridades y ahora se investiga el posible hackeo del los teléfonos celulares. De acuerdo con los portavoces, el magistrado estuvo en contacto permanente con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. (Fuente Infobae) “ESPERO A ANIBAL ENTRE REJAS” La diputada de la Coalición Cívica aseguró en A dos voces que la confusión que generó la recaptura de los exprófugos fue para ridiculizar al Gobierno Nacional. Para Elisa Carrió, el testimonio de Martín Lanatta que involucra al exjefe de Gabinete con la efedrina es creíble. La dirigente de la Coalición Cívica explicó que una parte de la efedrina iba por Sedronar y estaba controlada por los hermanos Zacarías; y la otra venía directamente por importación de China. Según indicó, a esa efedrina la manejaba Aníbal Fernández. “Lanatta habla de una armería en Florencio Varela que es donde se juntaban Fernández, Giancristóforo y Meiszner para dar las autorizaciones de armas”, señaló Carrió en A dos voces. E insistió en que el exjefe de Gabinete fue el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. “Espero las rejas para mi amado Aníbal”, lanzó la diputada. Además, la dirigente de Cambiemos dijo que cuando Oscar Parrilli asumió la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia sabía dónde estaba Ibar Pérez Coradi, el delincuente que sigue prófugo. “Ahora creo que están negociando pero estaba en Ciudad del Este”, señaló. Por otro lado, cargó contra la jueza federal María Servini de Cubría porque no citó a declarar a Aníbal Fernández. “¿Tuvimos un criminal de jefe de Gabinete , de ministro de Justicia, de ministro del Interior y recién ahora nos damos cuenta? Espero que ahora a los criminales los encuentren rápido”, manifestó. ENTREVISTA. "Trataron de perjudicar a Vidal y a Macri". Elisa Carrió también justificó su denuncia de que los exprófugos habían sido capturados el sábado, y contó que un militante de Cayastá escribió en una conversación de Whatsapp ese día que estaban en el galpón de una arrocera pero no podían dar la información hasta el lunes. “Algo se guardaron. Esta gente vive ahí, yo conozco Cayastá. Cómo no van a encontrar a alguien que estaba a tres cuadras. Están mintiendo”, afirmó. Para ella, la confusión fue “para tratar de ridiculizar al Gobierno Nacional”. “De esto debe tener algo que ver el exgobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Tiene muchas relaciones con personajes muy raros”, aseguró Carrió. Por último, la diputada ratificó que hubo errores en la búsqueda de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci; y aseguró que la mayor responsabilidad es de la Justicia Federal “Si un preso está declarando sobre delitos federales hay que ponerlo fuera del SPB”, indicó. Además, denunció que la que ordenó la guardia mínima para los tres delincuentes fue María Florencia Piermarini, exjefa del Servicio Penitenciario. Según Carrió, Piermarini es íntima amiga del exsubsecretario de Política Criminal, César Albarracín. Por otro lado, Elisa Carrió cargó contra el fiscal de Azul, Cristian Citterio. “Cuando el jefe de la penitenciaría quiso declarar ante el fiscal toda la verdad, se negó a tomarle declaración. Está encubriendo a Albarracín”, aseguró. ADNbaires/
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