Ocurrida solo unos días después de que el ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo, anunciara falsamente la inminente detención de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci, la gaffe de ayer en Santa Fe es el caso más evidente de las dificultades que plantea el gobierno concreto de territorios muy complejos.
Es que si el episodio terminó de dejar en claro que Vidal –y también Mauricio Macri- cabalga un Estado plagado de autonomías y perforado de complicidades delincuenciales, al mismo tiempo abrió una incógnita acerca de cuánta conciencia hay en Cambiemos de que esa herencia no se resuelve solo la expertice técnica que aportan los gerentes transformados en ministros. Hacen falta vaqueanos de la política.
Ese déficit define el caso desde el principio: con un gabinete confirmado solo después de que se definiera el balotaje, Vidal buscó asegurar la estabilidad en el simple complejo fin de año, un objetivo que Ritondo operativizó a través de un pacto con su antecesor, Alejandro Granados, que implicó el sostenimiento de estructuras policiales y penitenciarias que ahora están en el ojo del huracán. Ese fue el pecado original.
La administración bonaerense deberá revisar ese proceder si quiere avanzar con éxito en una dirección que parece obligatoria a esta altura, y que viene siendo analizada hace algunas semanas: una reforma más o menos profunda de la policía Bonaerense y del SPB, núcleos institucionales de la demanda ciudadana por una mejor seguridad que, en buena medida, llevó a Vidal al gobierno.
“No hay margen, espaldas ni convicción para eso porque no somos el PJ”, dicen en el entorno de la Gobernadora. Por ahora, ese expediente incluye una purga y la eliminación de jefaturas departamentales. Y otra operación, de alto contenido político: el fin del accionar de los “coordinadores” uniformados que articulan esas jefaturas con el territorio y que fueron puestos allí por los intendentes.
Otra “pata” de la crisis donde la política deberá apoyar las iniciativas del gobierno es la Justicia. Allí, la mirada del equipo de Vidal está puesta en la Procuradora General, María del Carmen Falbo, puesta en su cargo por decisión de “Hilda “Chiche” Duhalde y de extensos vínculos con el aparato de seguridad que la Gobernadora cuya reforma el Ejecutivo ahora parece entender como imprescindible para avanzar contra “las mafias”.
OTROS COMBATES
La articulación con los intendentes define también otros escenarios complejos. El más importante se juega en la Legislatura, donde el Ejecutivo provincia intentó negociar con el bloque de Diputados del Frente para la Victoria el proyecto de Presupuesto hasta que descubrió, negativa de La Cámpora y costo político mediante, que la llave está en otro parte: la tienen los intendentes peronistas.
Ahora, la intercolución que podría llevar a destrabar el proyecto la llevan tres alcaldes: Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Eduardo “Bali” Bucca (Bolívar) y Gabriel Katopodis (San Martín), en coordinación con los diputados Fernando “Chino” Navarro (Movimiento Evita) y Horacio González (PJ) y el ministro de Gobierno, Federico Salvai, como vocero de la contraparte.
La clave técnica para avanzar será una reducción sensible en la autorización del endeudamiento, que de los caso 100 mil millones de pesos iniciales quedaría finalmente en un total 50 y 65 mil millones, con entre 10 y 15 mil millones para los municipios, de los cuales solo entre 3 y 4 mil millones es deuda atrasada de la gestión de Daniel Scioli mientras que el resto es plata “fresca”.
El esquema implica “patear” hacia adelanta la deuda con el Banco Provincia, de 28.800 millones de peso, aunque el gobierno planea aquí un segundo capítulo, para marzo, que incluye la reforma de la Carta Orgánica de la entidad financiera. El expediente tiene chances de avanzar porque la ley correspondiente no requiere de mayoría especial, por lo que Vidal podrá avanzar con solo acordar con Sergio Massa.
El otro escenario candente que involucra a los intendentes está relacionado con el empleo público. Allí, el gobierno, aunque seguramente enfrentará tensiones gremiales que no están en el radar del ciudadano que no sigue de cerca la política, logró avanzar con la suspensión de la ley de paritarias, una medida que aunque no lo digan en público, le pidieron los intendentes, del oficialismo y también de la oposición.
El flanco débil allí es la metodología: el decreto correspondiente, además de desprolijamente antedatado, suspende una ley y repone otra, menos benéfica para los intereses de los reglados (los empleados municipales, que son los que peor ganan en un ranking que contempla a todos los niveles y poderes del Estado), y que para colmo había sido objetada por la Corte Suprema de Justicia.
Con todo, en términos políticos allí Vidal logró cerrar el esquema. Quien demostró al menos impericia fue el intendente de La Plata, Julio Garro (Cambiemos), que le pidió a Ritondo la presencia de la Infantería a las puertas de la municipalidad, donde hace días se desarrollan protestas por la decisión de dar de baja al menos unos 1.300 contratos con miembros de cooperativas que prestan servicios para la comuna.
Garro asegura que esos contratos son parte de un botín que sirvió para financiar la política de su antecesor, Pablo Bruera, y que la represión que terminó con al menos 12 heridos fue una respuesta a la agresión de punteros que fueron a defender esos privilegios ilegales. El problema de esa mirada es otra vez de experiencia política: otros municipios enfrentan el mismo dilema, pero antes de echar revisaron quién trabaja y quién no. Y no llamaron a la Infantería, cuya presencia es casi siempre una invitación a que la acción de cualquier “infiltrado” logre su cometido.
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