La decisión fue tomada por un plenario de secretarios generales realizado hoy, donde se resolvió declarar a todos los gremios de la provincia en “estado de alerta y movilización” en caso de que la Legislatura apruebe, a pedido del Ejecutivo, un proyecto de ley para prorrogar entre 180 días y un año la plena vigencia de la ley de paritarias, que dispone por primera vez la realización de negociaciones salariales entre los sindicatos y el municipio. La prórroga del inicio de las paritarias entre los sindicatos y las comunas es reclamada por intendentes en los sucesivos encuentros que mantienen con funcionarios provinciales. Los jefes comunales aseguran no poder afrontar los costos de las nuevas negociaciones, mientras que quienes recién asumen sus cargos piden un impasse hasta lograr “acomodarse” en la gestión. Como se recordará, la ley establece el marco regulatorio del Estatuto del Empleado Municipal otorgando paritarias al sector, estableciendo la obligatoriedad del pago del Salario Mínimo, Vital y Móvil y forzando a los municipios a reducir en el plazo de 5 años la planta temporal, de modo que solo alcance el 20 por ciento del total de empleados fijos. Además, el estatuto indica que los propios municipios deberán confeccionar junto a los sindicatos un convenio colectivo de trabajo que regule las condiciones laborales generales de los empleados, e incorpora al texto de la ley un “capítulo supletorio” que entrará en vigencia el próximo 6 de enero (180 días después de la promulgación de la ley) en caso de que las comunas no aprueben uno propio. Esa fecha es tomada por los intendentes como límite antes de verse obligados a iniciar las negociaciones salariales. Esto hizo que el Gobierno provincial analizar la posibilidad de enviar a la Legislatura un proyecto de ley estableciendo la prórroga de la fecha límite: la intención es correrla entre 6 meses y un año para darle “aire” a los jefes comunales en lo que consideran un “estado de emergencia” de las administraciones locales. En ese marco, había trascendido que la intención del Ejecutivo era realizar los cambios por decreto, algo que desde Fesimubo rechazaron por “inconstitucional”. Desde el bloque Justicialista del Senado, en tanto, Patricio García alertó que la Ley de Presupuesto no incluye el fondo provincial para socorrer a los municipios, algo establecido por la normativa. De todos modos, el autor de la Ley, el diputado Hernán Doval (FpV) señaló que el régimen paritario ya se encuentra vigente por ley y sostuvo que “quienes piden su anulación no quieren dejar de tener a los trabajadores como variable de ajuste”.
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