Defensoría del Pueblo Interviene por faltantes de medicamentos

Frente a la sostenida falta de medicamentos que se registra en las farmacias bonaerenses durante los fines de semana, feriados y días no laborables, la Defensoría del Pueblo provincial presentará ante la Justicia un recurso de amparo para que se respete el derecho constitucional a la salud integral.

Como consecuencia del cambio de modalidad en las entregas que en forma unilateral decidieron las droguerías, varias farmacias pasaron a tener problemas con la faltante de medicamentos. El conflicto comenzó a principios de noviembre, cuando la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (Adem) efectivizó la medida que estableció que las droguerías encargadas del reparto, dejarán de abastecer a las farmacias los sábados por la tarde.
Frente a esto, la Defensoría que venía estudiando el caso, decidió recurrir a la Justicia. Con esta presentación, el organismo exige que se ordene a las firmas a revertir la situación existente al momento del amparo y, por otro lado, que el ministerio de Salud bonaerense promueva las reformas legislativas que fueran necesarias tendientes a garantizar la provisión de medicamentos tal como venía ocurriendo hasta que se desató el conflicto.
La medida del organismo que conduce Marcelo Honores - originada luego de que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia pidiera su intervención- está dirigida a las droguerías Del Sud; Suizo Argentina; Cofaloza; Acofar Cooperativa Farmacéutica; Monroe Americana; Asoprofarma; 20 de Junio; Sur; Pico y Kellerhof.
Según un comunicado, la Defensoría entiende que existe una omisión de los particulares ya que, las droguerías en forma unilateral e inconsulta han dejado de proveer medicamentos a las farmacias los días sábados por la tarde y eso claramente compromete el derecho a la salud de los habitantes de la Provincia.
Por otro lado, considera que este escenario genera una amenaza vinculada con la posibilidad de que la población se vea impedida de acceder a un bien social como son los medicamentos, lo que genera un severo ataque al derecho a la salud y a la vida. En ese sentido, Honores aseguró que “esta actitud ilegal y arbitraria ataca derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de salud y derechos humanos, en relación a la peligrosa la actitud de las droguerías demandadas y la autoridad del Ministerio a la hora de intervenir en la cuestión”.
Por último, la Defensoría reconoce que el incumplimiento sistemático de las partes a la hora de garantizar el derecho a la salud integral constituye una ilegalidad continua, originada con anterioridad a recurrir a la Justicia, pero mantenida en el tiempo al momento de la presentación del amparo, y entiende que existe un consenso en cuanto a que el medicamento es un bien social, antes que un bien de consumo, en la medida en que su uso incrementó la expectativa y calidad de vida de la población.