La situación es sistemática: la provincia de Buenos Aires mantiene desde hace décadas una situación de precariedad de cara a las personas que están privadas de su libertad en diferentes dependencias que no mengua. De hecho, cada año empeora con el crecimiento de la población carcelaria.
Así lo demostró un informe elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de su Libertad, que puso de manifiesto la suba de más del 10% de la población carcelaria que se da todos los años. Además, dejó entrever los castigos a los que son sometidos quienes se encuentran en esta situación, algo que, de hecho, se conoce y no resulta ningún secreto.
Por estos motivos, y siguiendo los lineamientos de este trabajo, los integrantes de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) decidieron elaborar una resolución con un llamado de atención al Ejecutivo provincial y otras disposiciones para tratar de mejorar la situación de las personas privadas de su libertad.
En este sentido, los integrantes del Máximo Tribunal provincial recordaron a los jueces bonaerenses que se encuentra vigente la prohibición de que jóvenes y enfermos permanezcan detenidos en el ámbito de las comisarías.
Esta es una situación que se violó en reiteradas ocasiones. Cuando una orden judicial determinó que las dependencias utilizadas como calabozos en el ámbito provincial fueran clausuradas, a raíz de numerosos casos de muertes y con el emblema de Luciano Arruga como figura principal, los municipios la desoyeron.
Al mismo tiempo, los miembros de la SCBA propusieron la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias con gente del ámbito de la administración de Justicia y de organizaciones afines en los departamentos judiciales de La Matanza, Quilmes y Zárate-Campana, que son algunos de los lugares donde la problemática es más acuciante.
También se solicitará de forma periódica al Ministerio de Justicia provincial un informe sobre los avances que se den en la materia, ya que por ahora, y según lo muestran todos los datos recabados por diferentes organismos estatales y privados, no se registra ningún tipo de cambio a favor de las personas privadas de su libertad.
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