El nuevo plexo normativo, dispone la existencia de once ministerios. La modificación más importante reside en la decisión de eliminar la Jefatura de Gabinete de Ministros, una estructura incorporada durante la gobernación de Felipe Solá que, a diferencia que en Nación, no tiene respaldo constitucional. Además, se dispuso un plazo de 180 días para la distribución de personal en cada área. En el proyecto de Ley, Vidal incorporó el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública, que junto al Ministerio de Gobierno reforzado suplirán las funciones que desempeñaban en la Jefatura de Gabinete al mando de Alberto Pérez. El nuevo ministerio, que será conducido por Roberto Gigante, tendrá una fuerte impronta de "control de gestión", fundamentalmente de los gastos y el funciona-miento de cada cartera. Será, según indicaron fuentes del PRO, "el tablero de control de la gestión", con una modalidad de trabajo "importada" de la ciudad de Buenos Aires. Entre las funciones de la nueva cartera estará también la convocatoria y organización de las reuniones de gabinete, la coordinación de planes y programas entre distintas reparticiones y la participación en la elaboración y el control de ejecución de la Ley de Presupuesto, como así también en los ni-veles del gasto y de los ingresos públicos. La cartera tendrá además a su cargo al Organismo Provincial de De-sarrollo Sostenible (OPDS), que no obstante continuará siendo autárquico. En tanto, el Ministerio de Gobierno, que estará a cargo de Federico Salvai, mano derecha de Vidal, se quedará con la parte "administrativa" de la Jefatura de Gabinete, como la rúbrica de los actos administrativos de todos los organismos públicos, y la relación con los municipios y la Nación. También deberá encargarse de promover los planes de reforma política y tendrá atribuciones para intervenir en materia de seguridad vial y en las relaciones con el Instituto de Lotería y Ca-sinos.
CAMBIO DE ESTRUCTURAS
Si bien nominalmente la mayoría de las carteras son similares, en el proyecto enviado por Vidal se destacan algunos cambios de nomenclaturas y de funciones en los ministerios y secretarías bo-naerenses. En este escenario, Infraestructura volverá a fusionarse con Servicios bajo el mando de Edgardo Cenzón. Por otro lado, el Instituto Cultural desaparecerá como tal y será reemplazado por una depen-dencia con rango de Secretaría, conducida por Alejandro "Conejo" Gómez. También se confirma que Turismo pasará a ser una subsecretaría dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, que será comandado por el radical Jorge Elustondo. Si bien aún no hubo una definición oficial, la estructura reducida seguirá a cargo del actual secretario del área, Ignacio Crotto. Otro de los cambios orques-tados por Vidal es el traspaso del área de Defensa al Consumidor desde Producción ha-cia el Ministerio de Justicia, una cartera que será encabe-zada por el exjuez Carlos Mahuiques. Completan la nómina ministerial Cristian Ritondo (Seguridad); Hernán Lacunza (Economía); Marcelo Villegas (Tra-bajo); Zulma Ortíz (Salud); Alejandro Finocchiaro (Director General de Cultura y Educación); Santiago López Medrano (Desarrollo Social); y Leandro Sarquís (Asuntos Agrarios). La estructura de gobierno contará también con seis Secretarías: la Secretaría General (a cargo de Fabián Perechodnik); la Secretaria Legal y Técnica (Julio Conte Grand); Secretaria de Derechos Humanos (Daniel Salvador); Secretaría de Cultura (Alejandro Gómez); Secretaría de Comunicación (Federico Suárez); y Secretaría de Medios (Mariano Mohadeb). En tanto, también continuarán en su cargo, además de Crotto, Gustavo Ferrari en la Asesoría General de la Gobernación e Iván Budassi en ARBA, aunque el bahinese dejará su mandato a fines de diciembre.
REACOMODAMIENTO DE PERSONAL
Asimismo el proyecto que será aprobado por la Legislatura, habilita al Ejecutivo posponer por 180 días el reacomodamiento de personal de acuerdo a la nueva estructura de gestión, pudiendo transferir las partidas presupuestarias, créditos, recursos humanos y materiales "que resulten conducen-tes a los fines del cumplimiento de las competencias asignadas". Además, el nuevo Ejecutivo tendrá la facultad de "disponer la creación, supresión, modificación, transformación o fusión de comisiones provinciales de asesoramiento en temas especiales"
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