El dictamen, impulsado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), establece medidas de "resguardo y reparación pública para los trabajadores de la educación que son víctimas de situaciones de violencia en las escuelas u objeto de denuncias penales".
Según explicó Néstor Carasa, consejero general de Educación en representación de Suteba, "el proyecto busca resguardar a los docentes ante situaciones de violencia física, psicológica o simbólica, como también ante denuncias realizadas contra los Trabajadores de la Educación mientras se lleve adelante la investigación".
La iniciativa solicita que el Estado o los dueños de los colegios privados quienes "se ocupe de la salud física y psicológica del compañero que atraviese por estas situaciones".
Respecto a las denuncias contra docentes por casos de abusos o violencia física y verbal hacia los alumnos, se exige acelerar los tiempos de la investigación y, llegados al caso de la absolución del denunciado, se pedirá que se realice una Reparación Pública hacia el docente y la institución.
"No puede existir un prejuzgamiento, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como señala la Constitución Nacional. En ese sentido, se exige mayor rapidez en las investigaciones judiciales y/o administrativa, así como un respaldo legal de parte de la Dirección General de Cultura y Educación", indicó Carasa
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