Presentaron pruebas de como actuó la inteligencia de la Policía Bonaerense

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata un informe sobre el funcionamiento interno y parte de las acciones realizadas por la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en la planificación y ejecución del terrorismo de Estado en la última dictadura. La presentación realizada por el Fiscal, Hernán Schapiro, y por el vicepresidente de la CPM, Víctor Mendibil, se desprende del fallo emitido en la causa conocida como "circuito Camps", en el que se recomendó "investigar la presunta responsabilidad de los integrantes de la DIPPBA" en crímenes de Lesa Humanidad.

A raíz del dictamen, y por pedido del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe técnico de más de 60 páginas que expone las leyes orgánicas, los decretos que reglamentan el funcionamiento interno y de la condición secreta de los servicios de inteligencia.
"Desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la CPM ha tenido una gran participación en el aporte de documentos de la DIPPBA probatorias de los delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado; participamos en más de 2500 causas y ahora asumimos el desafío de presentarnos como querellante", expresó durante la presentación Sandra Raggio, directora general de áreas del organismo.
A partir de esta investigación, sostenida durante años por el Programa de Justicia por delitos de lesa humanidad del organismo, se decidió impulsar la causa para determinar las responsabilidades penales de los integrantes de la DIPPBA en el terrorismo de Estado. En ese sentido, Hernán Schapiro, fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata, expresó en diálogo con la prensa que "asumir el rol querellante mejora cualitativamente la intervención de la CPM en el proceso de memoria, verdad y justicia".
Recordó que, si bien existe algún antecedente sobre el juzgamiento de acciones de inteligencia en el caso del Batallón 601, "en la jurisdicción de la policía de la provincia de Buenos Aires, la participación de la inteligencia como acción que concurrió a los delitos de lesa humanidad no se ha investigado de manera autónoma".
Según se detalló, durante el periodo 1976-1983, la DIPPBA contó con 16 delegaciones y 1200 agentes abocados a la persecución ideológica, que consistía en acciones de seguimiento oculto directo sobre la víctima, investigación a sus vecinos y observación a sus familiares y lugares de trabajo.
Durante la presentación pública de la querella, la directora del programa de Justicia por delitos de lesa humanidad, Claudia Bellingeri, comentó que la DIPPBA confeccionó durante el terrorismo de Estado 270 mil fichas y que su misión era la de registrar las acciones como el espionaje, el seguimiento, registro y análisis de la información para la persecución política e ideológica.
El entramado territorial contó 16 delegaciones en toda la Provincia (Morón, Lanús, San Martín, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, San Nicolás, Junín, Chascomús, Pehuajó, Azul, Quilmes, La Matanza, Vicente López, Tigre, Mercedes y Capital Federal), y una División Enlace que se integraba de manera sistemática con las demás agencias de la comunidad informativa con la finalidad de producir inteligencia e intercambiar criterios de aplicación en el territorio.
Según lo explicado desde la CPM "la detallada documentación que surge de los archivos de la DIPPBA permite demostrar que, en el marco del terrorismo de Estado, las acciones de inteligencia precedieron en la casi totalidad de los casos a los delitos que hoy se juzgan como crímenes de lesa humanidad".