La iniciativa, que ahora espera la promulgación por parte del Ejecutivo, sanciona la construcción de canalizaciones y terraplenes que tengan por objeto alterar el escurrimiento natural de las aguas, y les da 90 días a los propietarios de campos que hayan incurrido en esa falta para que regularicen la situación.
En caso de no hacerlo prevé duras multas, como la inhibición a los campos por donde pasen los canales clandestinos, la inhabilitación para solicitar trámites provinciales y municipales tales como guías de ganado y cartas de porte y multas económicas que serán establecidas de acuerdo a la gravedad de la falta. Además, permite que la justicia de faltas local autorice al municipio a destruir las obras ilegales.
La iniciativa de la senadora camporista Marina Moretti había sido aprobada en la cámara Alta en mayo de 2013, pero no fue hasta noviembre del año pasado, en medio de las inundaciones de varios distritos, que Diputados reactivó el debate y votó el proyecto con cambios. Finalmente, el Senado aceptó las modificaciones y la convirtió en Ley.
"La ley busca establecer un marco más claro para las obras clandestinas de escurrimiento de agua", aseguró Moretti al finalizar la sesión. La senadora destacó que la iniciativa "endurece las penas para quienes construyan canales que perjudiquen a sus vecinos y fundamentalmente a las zonas urbanas.
La legisladora también expresó su deseo de que en la posterior reglamentación la Provincia habilite a los juzgados de falta locales para que tengan "la potestad de sancionar" a los infractores, al tiempo que destacó que la nueva normativa incorpora a los municipios como entes de control que reforzarán el trabajo de la Autoridad del Agua, organismo encargado originalmente de realizar las inspecciones.
"El cambio climático modificó muchísimas cosas, pero nosotros creemos que en las inundaciones hay múltiples causas. Hay aspectos que empeoran la situación y uno de ellos es la cantidad de obras no declaradas que existen", señaló la legisladora, al tiempo que agregó que "las obras deben estar autorizadas porque es muy difícil preservar las zonas pobladas cuando cada uno hace lo que quiere".
CONTEXTO
La iniciativa surgió a raíz de las inundaciones que afectaron en 2009 a San Antonio de Areco. Según se determinó entonces, la acción de canales clandestinos que los productores habían construido para desagotar sus campos provocó el anegamiento de casi todo el casco urbano.
En tanto, en noviembre del año pasado el reclamo se reactualizó tras un temporal que anegó varias localidades y el accionar de los canales clandestinos hizo estragos.
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