La cartera que preside Alejandro Gra- nados elevó un informe con el detalle del faltante, a pedido de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires. El dato es significativo porque es la fuerza más numerosa del país, que actualmente cuenta con más de 60 mil efectivos.
"Se trata de números parciales y se infiere que la dimensión cuantitativa del problema es bastante mayor, pero al menos constituye un punto de partida", explica Rodrigo Pomares, director de Investigación del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM.
Según el informe, las 700 armas se perdieron entre septiembre de 2009 y el mismo mes de 2014. "Lo que nos alarma es la de-saparición y el extravío de armas que estaban en dependencias policiales", destaca Pomares.
Sobre este punto, fuentes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires indicaron que a partir de octubre del año pasado se inició "un proceso de de-
sarme en comisarías y destacamentos poli- ciales".
"Resulta indispensable avanzar en el desarrollo de depósitos seguros para las armas incautadas y secuestradas en el marco de delitos, para evitar que vuelvan a circular produciendo nuevos daños y muertes", sostiene Pomares.
Viviana Arcidiácono, a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, asegura que el registro de armas faltantes no es un número alto "si se tiene en cuenta la cantidad de efectivos que integran la fuerza".
No obstante, otra fuente de la misma dirección reconoció que la cantidad de armas que desaparecieron en los últimos años es superior a la cifra oficial. Además de los robos a destacamentos policiales, como el ocurrido el año pasado en la localidad bonaerense de Pueblo Doyle -a 23 kilómetros de la ciudad de San Pedro-, donde un grupo de desconocidos se llevó un arsenal y hasta equipos de comunicación, aprovechando que los policías habían salido a patrullar la zona. El mismo vocero aseguró que casi a diario un efectivo pierde su arma en barrios conflictivos del Conurbano.
Arcidiácono explica que la pérdida de un arma reglamentaria -ya sea por robo, hurto o extravío- amerita el inicio de un sumario interno que puede derivar en sanciones o exoneraciones, dependiendo del caso. "En términos generales se trata de medidas suspensivas, que consisten en una cantidad máxima de sesenta días de suspensión. En algunos casos puede ser motivo de cesantía o exoneración, por ejemplo si el arma reglamentaria no se denunció y aparece en un allanamiento, o en algún hecho delic- tivo", indica Arcidiácono.
Cuando un policía se queda sin su pistola, cualquiera sea el motivo, debe abonar el valor fiscal de la misma, según aseguran desde la Auditoría de Asuntos Internos. "En mi caso me descontaron cerca de 3 mil pesos", cuenta un efectivo policial al que el año pasado le robaron su reglamentaria en un asalto que sufrió en su casa de la ciudad de La Plata, junto a su mujer, también integrante de la Bonaerense.
Las armas que son robadas a los policías pasan auto- máticamente al mercado negro, que no sólo abastece a los delincuentes sino que constituye un negocio millonario. "El problema es que no existe un registro certero de las armas que se secuestran, y entonces es difícil seguir el camino de las armas cuando desaparecen. Con estos números presumimos que la Policía es una de las fuentes de ingreso al circuito ilegal de armas", acusa Pomares
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