Peligra la atención de discapacitados por falta de recursos

En Argentina hay unas 1.000 instituciones (entre las que se cuentan centros de día, hogares, escuelas y talleres) que asisten aproximadamente a unas 100.000 personas con discapacidad y hoy atraviesan un grave problema: la falta de recursos por la demora en los pagos, se calcula en unos 500 millones de pesos y el atraso en los aranceles que hace que varios de ellos se hallen al borde del cierre.

De las cerca de cien mil instituciones que hay en el país -aproximadamente el 60 por ciento de ellas se hallan en la provincia de Buenos Aires- no han recibido suba de prestaciones desde noviembre de 2013 y recién a partir de julio se autorizó una suba del 18 por ciento, pero por los atrasos en los pagos recién empezarán a percibir la suba alrededor de diciembre. Según informó a DIB, Daniel Lipani de Aiepesa, una asociación que nuclea a unas 140 instituciones de discapacitados “el problema es que no se actualizan los aranceles de acuerdo con los aumentos en los costos de vida, sueldos del personal y demás obligaciones de las Instituciones que abarcan al sector” y agregó que a eso se suma “el importante atraso en los pagos de diferentes Obras Sociales en todo el país, de cuatro a cinco meses de demora “.Precisó además que “esto pone en riesgo la continuidad de los servicios y afecta 90.000 puestos de trabajo y 100.000 personas con discapacidad que reciben coberturas de los servicios educativos, terapéuticos educativos, asistenciales, centros de rehabilitación, transporte y alojamiento, de todo el país”. El gran problema es que son instituciones que requieren de mucho personal y que el 70 por ciento de los recursos son para salarios y sólo el otro 30 debe cubrir el resto de los costos, entonces entre poco dinero y atraso en los pagos. Por su parte, Pablo Molero, del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad explicó a DIB que desde el año pasado “se han hecho un sinnúmero de gestiones ante los organismos y funcionarios involucrados en la temática, fundamentalmente el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y la Conadis (Comisión Nacional de Discapacidad) que han sido absolutamente indiferentes a los reclamos” y agregó que “hay muchas instituciones que de seguir así no verán otra salida que el cierre”Molero indicó también que la situación es muy compleja, “las prestaciones son diferentes hay alrededor de 20 diferentes tipos de modalidades, depende de la entidad que se trate, ya que hay escuelas, talleres, hogares, etc. y cada modalidad tienen su prestación específica” y agregó que “hay una promesa de nueva suba en octubre y se está resolviendo el monto a aumentar”, y aunque trascendió que se daría otro 10 por ciento, las instituciones coinciden en señalar que para regularizar la situación deberían recibir una suba del 40 por ciento aproximadamente. (DIB)