La cronología indica que el abogado defensor presentó un recurso en la Cámara de Casación que fue rechazado por unanimidad. Cabe destacar que ya el 27 de noviembre de 2012, la Cámara de Acusación de Córdoba había rechazado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del Juan Carlos Fraga y confirmó el auto de elevación a juicio oral.
Los delitos que acusan al imputado son de supresión, adulteración, falsificación de instrumento público y falsedad ideológica.Según la causa judicial, por los testimonios que existen y que señalaron que los folios apócrifos, y las falsificaciones ocurrieron desde principios de 2003 y llegaron a Junio de 2004.
La primera detención de Fraga se realizó en el año 2005, y se le imputó tentativa de estafa y tentativa de uso de instrumento público falso. Entre la primer detención y la segunda el abogado de traslado a nuestra ciudad matriculándose en Pergamino para ejercer su profesión. En Marzo de 2012, el Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa judicial. En forma posterior se presentó el recurso de Casación que fue rechazado.
La causa judicial
En principio y luego de ser detenido en nuestra ciudad el abogado Juan Carlos Fraga imputado por varios delitos contra la propiedad , realizó un primer paso judicial. Su abogado defensor pidió la excarcelación, la cual fue denegada por el Fiscal Enrique Gavier. La denegación de la excarcelación se debió al riesgo de pérdidas de prueba. Como se recordará, la policía cordobesa con el exhorto judicial se llevó de Colón papeles y documentación luego de allanar las oficinas de Juan Carlos Fraga, ubicada en calle 48 entre 22 y 23. La orden había sido emanada del Juzgado de Control Nº 1 del Dr. Esteban Díaz y la Fiscalía de Distrito 1 Turno 1 a cargo del Dr.Enrique Gavier.
La justicia confirmó que un campo donde habría mediado Fraga se encuentra en Pozos de los Arboles Departamento de Tulumba en el norte de Córdoba. También existe un segundo campo en las afueras de la capital cordobesa.
La denominada "causa del Registro" constituye el corolario de la unión de todos aquellos procesos en lo que se investigan supuestas maniobras delictivas producidas dentro del Registro General de la Provincia de Córdoba.
El caso salió a la luz cuando los herederos de Sara Sobai de Csaky, concurrieron al campo y fueron amenazados por los ocupantes, quienes exhibieron armas de fuego.La denuncia develó una red delictiva que blanqueaba títulos de inmuebles, rurales y urbanos, desocupados o poco frecuentados por sus propietarios.
La megacausa
Todos los acusados están imputados por el delito de usurpación, falsedad material de instrumento público continuada, supresión de instrumento público y falsedad ideológica.El escándalo estalló a fines de 2003, cuando se iniciaron las investigaciones, pero el primer juicio oral y público recién comenzó el 5 de agosto de 2008. La casi totalidad de las decisiones que tomaron los fiscales de instrucción que intervinieron, en su mayoría por prisiones preventivas y pedidos de elevación a juicio, fue confirmada luego por los jueces de control y posteriormente por la Cámara de Acusación, de modo que los primeros expedientes llegaron a juicio en 2007. Las demoras obedecieron a la batería de planteos utilizadas por los abogados defensores, que reclamaron desde recusaciones hasta pedidos de suspensión del juicio a prueba, o probation.
El método
El método para quitarles a sus dueños más de 3000 propiedades sin disparar ni un solo tiro no era complejo. Arrancaban la hoja con el asiento dominial de un inmueble -un campo, un terreno o una casa- del protocolo del Registro General de la Provincia, metían uno falso, a nombre de un testaferro, volvían a coser el libro de actas y hacían una escritura falsa a nombre del nuevo titular. Los juicios orales en Córdoba siguen y podrían existir ramificaciones en otras provincias.
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