A través de la resolución ministerial 642/14, publicada en el Boletín Informativo de la cartera, Granados dispuso “rehabilitar el funcionamiento de los calabozos en dependencias policiales”. Los mismos habían sido cerrados entre 2011 y 2012 por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, quien en su momento justificó las clausuras porque posibilitaban “mejorar las condiciones de detención y liberar a policías que se dedicaban a cuidar calabozos”.
La resolución ministerial enmarcó la decisión en el decreto de Emergencia en Seguridad dictado el 5 de abril de 2014 por el Gobernador Daniel Scioli, “atendiendo a la necesidad de abordar la problemática relacionada en materia de alojamiento de personas privadas legalmente de su libertad”.
En tanto, fuentes del Ejecutivo indicaron a esta agencia que se trata de una medida “preventiva” para disponer el uso de los lugares de detención “en caso de ser necesario”. “La operatividad con la que se trabaja en el marco de la Emergencia es intensa, y así como se secuestran armas, drogas y elementos robados, se hacen muchas detenciones. Para ello es necesario contar con lugares disponibles”, sostuvieron.
En ese sentido, la normativa sostiene que “la inhabilitación de numerosos calabozos de dependencias policiales ha impactado en forma negativa respecto a las condiciones de alojamiento de detenidos en aquellos que se encuentran actualmente habilitados”. Y también indica que “por razones de celeridad resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales”.
Marcha atrás Con esta decisión, el Gobierno bonaerense rehabilitará los más de 200 calabozos clausurados durante la gestión de Ricardo Casal, quien había mostrado esos cierres como una de las banderas de su gestión. En efecto, entre 2011 y 2012 la Provincia construyó Alcaidías Departamentales para alojar a detenidos sin proceso judicial y descomprimir las comisarías, en cumplimiento con el denominado “Fallo Verbitsky”, por el que la Corte Suprema de Justicia condenó, en 2005, las condiciones de detención existentes y ordenó revertirlas. En tanto, también se dispuso acortar a 60 días el plazo máximo en el que los detenidos podían permanecer en las comisarías que quedaron habilitadas.
Según se informó entonces, desde la implementación del programa de construcción de alcaidías se habían logrado reducir desde 4.100 a 800 la cantidad de personas alojadas en las comisarías. El propio Scioli sostuvo en su momento que el cierre de los calabozos permitía “potenciar la presencia de policías en calles y descomprimir un problema crónica en la provincia que es la cantidad de detenidos en calabozos en las comisarías”. Además, sostuvo que “es fundamental condiciones dignas para posibilitar la reinserción y promoción de actividades como la cultura, el deporte y el trabajo para pensar en una vida mejor luego de que cumplan las condenas”.
En tanto, durante su asunción, la actual titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Florencia Piermarini, hizo hincapié en la necesidad de “evitar que las comisarías sean utilizadas como unidades penitenciarias ya que traen aparejado el hacinamiento y epidemias que lesionan la dignidad del hombre”. (DIB)
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