De acuerdo al proyecto de ley que ya tiene despacho favorable de la Comisión de Seguridad de Diputados y que podría ser aprobado a mediados de mayo, el nuevo cuerpo que se creará en los 42 municipios con más de 70 mil habitantes que decidan adherir por ordenanza tendrá en su primer año unos 15 mil policías, quienes estarán abocados exclusivamente a la “seguridad preventiva local destinada a la protección de las personas y los bienes y a la salvaguarda de los espacios públicos”.
En efecto, el proyecto tiene un objetivo claro: mantener a los policías en las calles realizando tarea de prevención y persecución del delito. Esta función, no obstante, tiene una limitación: los oficiales locales no podrán intervenir en delitos federales, como el narcotráfico.
Entre las prohibiciones, los policías locales no podrán realizar tareas administrativas, cumplir custodias de detenidos, practicar notificaciones judiciales, custodiar edificios o funcionarios municipales ni desarrollar funciones de seguridad vial o defensa civil.
Tampoco podrán intervenir en operaciones especiales ni realizar investigación criminal, como tampoco participar en operativos de contención de manifestaciones. También tendrán vedados realizar trabajos de inteligencia, e integrar partidos políticos o medios de comunicación.
Uno de los puntos controversiales de la ley tiene que ver con el uso del armamento reglamentario: según el proyecto en análisis, los oficiales tendrán vedado “el uso del armamento reglamentario”. En efecto, los policías recibirán el arma cuando entren en servicio –siempre y cuando su función lo exija- y debe devolverlo al finalizar su turno. En caso de encontrarse fuera de servicio no está obligado a intervenir.Será condición para ingresar a la fuerza, además de todos los requisitos establecidos para la Bonaerense, ser oriundo de la ciudad en la que prestará servicio.
LA FUNCIÓN DEL INTENDENTEEl proyecto señala que las Policías Locales tendrán “dependencia orgánica, funcional y operativa del Departamento Ejecutivo Municipal”. Esto significa que el intendente tendrá la dirección superior y administración general de la Policía, lo que comprende la planificación de las acciones de prevención –cuadrículas, patrullajes, estrategias, etc.-, el diseño de la estructura operacional, la organización del personal y el diseño logístico y de infraestructura. Para ello deberá valerse de personal de apoyo del municipio, puesto que los cargos que se crearán serán destinados exclusivamente al patrullaje.También será potestad del intendente designar a su Jefe de Policía, aunque para ello necesitará también el aval del Concejo Deliberante.
Con las nuevas funciones, los intendentes tendrán una incidencia real en la prevención del delito en sus distritos, impedimento que en la actualidad los deja exentos de la mayoría de los cuestionamientos vecinales.
Para la administración de la nueva fuerza los jefes policiales se valdrán de un Centro de Comando y Control Policial (CEC) comandado por un oficial de la Policía Local, que deberá realizar un análisis criminal preventivo, la planificación de las operaciones policiales y las cuestiones de logística policial.
EL FINANCIAMIENTO, AÚN EN ESTUDIO
La forma en que la Provincia financiará a las Policías Locales aún está por verse. Si bien el proyecto que avanza en Diputados hace algunas referencias generales respecto de la obligación del Ejecutivo de girar los fondos antes del inicio del mes en ejercicio, los legisladores analizan, con la venia del Gobernador Daniel Scioli, crear un sistema de reparto similar al coeficiente de distribución de la Coparticipación.
En principio, la iniciativa crea el Fondo para el Fortalecimiento de las Policías Locales, con la finalidad de financiar los gastos corrientes y de capital para el funcionamiento de la fuerza. El único compromiso que existía al respecto es que los fondos debían depositarse el último día hábil de cada mes.
Pero obligados por la presión de los intendentes kirchneristas y massistas, los legisladores analizaban junto al Ministerio de Economía bonaerense la creación de un sistema especial de reparto, que tenga en cuenta la población, el territorio y los índices delictivos de los distritos, entre otras variables. Los recursos deberán actualizarse, como mínimo, en el mismo porcentaje que crezca el presupuesto de la Policía Bonaerense.
Respecto al pago de sueldos, la iniciativa establece que la Provincia girará por cada oficial destacado en el municipio una suma correspondiente al salario de un Oficial Ayudante más un 20% para cargos de funcionamiento.
El oficialismo también prevé modificaciones en el reparto de oficiales: en la letra del proyecto se dispone que de los 15 mil primeros policías, 4 mil se dividirán por igual en todos los municipios adherentes, mientras que 11 mil serán distribuidos de acuerdo a la población de cada distrito. Al respecto, fuentes del sciolismo indicaron a DIB que buscan revisar la proporción entre el reparto fijo y el variable, puesto que consideran que el primero provocará un “achatamiento” de la cantidad de oficiales en perjuicio de las comunas más grandes.
COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN
Para coordinar la labor de las policías locales, que a partir de la aprobación de la ley son autónomas, el Gobierno bonaerense deberá crear el Consejo Provincial de Coordinación de las Policías Locales, presidido por el Ministro de Seguridad.
En tanto, en los municipios se establecerá una Mesa de Coordinación Operativa Local, presidida por el intendente, quien será el máximo responsable de la fuerza a través de un Jefe de Policía Local designado por él, con acuerdo del Concejo Deliberante.
Los municipios, en tanto, podrán solicitar a la Provincia el refuerzo o asistencia de la Policía Bonaerense para casos especiales, mientras que el Ejecutivo podrá intervenir la fuerza local “en circunstancias excepcionales de gravedad institucional, desórdenes administrativos y/o financieros comprobados”. Cuando un hecho policial abarque más de un distrito, el Gobierno nombrará a un jefe de la Bonaerense para que coordine a las diferentes fuerzas locales. (DIB)
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