La iniciativa, impulsada por la legisladora del Frente para la Victoria, Valeria Amendolara, propone crear un ente autárquico, que tendrá asiento en La Plata y en las localidades que constituyan sede de Departamento Judicial. En ese sentido, establece la intervención del Estado que hará las observaciones, sugerencias, adecuaciones o correcciones que correspondan a fin de monitorear el cumplimiento de la Ley Nacional N° 23.091 de Locaciones Urbanas (conocida como "Ley de Alquileres") y los artículos del Código Civil relativos a esta temática.
"El organismo expenderá un certificado de aptitud obligatorio para el que se tendrá en cuenta, entre otras cuestiones, la aprobación de planos correspondientes por parte de las autoridades locales competentes y las condiciones de ventilación y luminosidad adecuadas a los estándares exigibles a una vivienda confortable y las de seguridad", explicó Amendolara.
La diputada aclaró que "la intervención mencionada será a instancia de las partes, en forma conjunta o indistinta, y concluye con la constancia rubricada, en el contrato, de su homologación" y detalló que "la falta de intervención del contrato determinará la aplicación de sanciones".
La semana pasada, organizaciones políticas, culturales, sindicales, estudiantiles y autoconvocados independientes se movilizaron hacia el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos en La Plata en repudio a los abusos que los inquilinos sufren en la provincia de Buenos Aires.
Nucleados en el espacio Inquilinos Autoconvocados, la movilización tuvo como principal objetivo lograr la modificación del inciso 6, sección II, del artículo 54 de la Ley Provincial 14.085 que rige la actividad profesional de los Martilleros y Corredores Públicos. Allí se establece que el 2 por ciento de los gastos administrativos lo asumen los propietarios y el otro 2, los inquilinos.
Luego de la modificación que se realizó de la ley en 2009, en la que se agregó la frase “pudiendo asumir una de las partes, la totalidad del pago de los honorarios”, el inquilino queda expuesto al pago de la totalidad de los gastos administrativos a la hora de alquilar. “Sacando provecho del desconocimiento de la población sobre las leyes inmobiliarias, las empresas aprovechan cada circunstancia que se presente para aumentar sus ganancias”, señaló la entidad en un comunicado. (DIB)
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