El ministerio de Infraestructura firmó un contrato con el Banco Provincia a través del cual crea un Fondo Fiduciario que garantiza los recursos necesarios para cumplir con la norma.
En rigor, la Provincia ya venía percibiendo, a través de una sobretasa en el Impuesto Inmobiliario a los baldíos, los fondos para la aplicación de la ley, pero hasta el momento no se había asegurado la intangibilidad de los mismos y su destino específico para el cumplimiento de la ley.
“A partir de esta firma tenemos operativa la Ley. Ya estamos haciendo trabajos de mapeo a través de un sistema de Información Geografía de zonas precarias y asentamientos con el objeto de efectuar un relevamiento de campo y así poder profundizar el trabajo en la resolución de este tema complejo en la provincia de Buenos Aires al que debemos dar respuesta”, afirmó Arlía.
El funcionario provincial abogó por el “acompañamiento” de los municipios para darle plena aplicación a la Ley y “así facilitar el acceso a las tierras a la gente que hoy por hoy no tiene la posibilidad de acceder a una tierra propia”. (DIB
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