La firma del acuerdo para patear otra vez hacia adelante las deudas de las provincias con la Nación, que ya se habían prorrogado en 2009, además de demostrar que el esquema de financiamiento de los estados sub nacionales necesita una revisión de fondo, viene a solucionar una urgencia para Scioli: de otro modo hubiese sido muy difícil hacer frente al aumento que la Policía le arrancó en medio de rumores de liberar zonas para saqueos.
En efecto, esa suba, en una cuenta oficial pero conservadora, cuesta al menos 1.700 millones de pesos al año. Si se tiene en cuenta que desde enero comenzaban a vencer los 4.500 millones de pesos que Buenos Aires debía pagar a Nación, se comprende la magnitud del alivio fiscal, que además da algo de aire extra para encarar una paritaria estatal que asoma compleja como pocas antes.
Sin embargo, esa refinanciación, que aporta como se dijo algún alivio pero de ninguna manera soluciona los problemas de fondo de las finanzas provinciales, quedó atada a una serie de revisiones trimestrales, que comenzarán con el requerimiento de “información” sobre las cuentas públicas que la Provincia deberá enviar a la Nación y seguirá con la necesidad de cumplir metas de inclusión social y educativa y de nivel de obra pública. En principio, es un esquema razonable: quien refinancia, impone ciertas condiciones a quien recibe el financiamiento. Pero no hay que olvidar que, en 2012, durante la crisis financiera que llevó a cuotificar el medio aguinaldo, el Gobierno de Daniel Scioli resistió con uñas y dientes un requerimiento de monitoreo similar que impuso Nación antes de liberar los fondos fustos para capear el temporal, y ni un peso más.
Esa antigua resistencia da cuenta de hasta qué punto la administración de Scioli recela de un posible uso del esquema de contraprestaciones para limitar cualquier atisbo de autonomía, en un año en el cual, la carrera hacia la presidencia, seguramente le imponga reiterar gestos como la foto con José Manuel De La Sota o el encuentro con Hugo Moyano, aunque más no sea para intentar evitar que los sume Sergio Massa.
El amague –hasta ahora no es más que eso- de traspasar a la Provincia parte de las compañía Edenor y Edesur, de actuación lamentable por estos días, es visto con la misma preocupación: no son pocos en el sciolismo los que creen que si eso finalmente se concretan serán ellos los encargados de dar una pésima noticia, un aumento de tarifas que muchos consideran inevitable, estén las compañías en manos privadas o públicas.
OTRO FRENTEEl mismo día en que se cerraba el pacto financiero, el PJ bonaerense terminaba de rearmar su estructura institucional con la elección de José María Díaz Bancalari como titular del Congreso Partidario. El tándem de conducción que conforman con Fernando Espinoza, electo semanas atrás al frente de Consejo, es en sí mismo un signo de los tiempos: el peronismo territorial, u “ortodoxo”, conserva cuotas de poder nada despreciables.
Aunque no fue una rebelión respecto de los deseos de la Casa Rosada, la imposibilidad de La Cámpora de imponer sus criterios da cuenta de cierta mutación del equilibrio de fuerzas. Otro equilibrio que surgió es el de interior-Conurbano: contra la intención del sciolismo y algunos alcaldes de la tercera sección de ungir a Martín Insaurralde, la elección de Díaz Bancalari, propuesta por Julián Domínguez, expresa ese balance.
Para Scioli no es el cumplimiento de su meta, pero tampoco una mala noticia: ese Congreso, que reivindicó a la Presidenta como “conductora” expresó un fuerte apoyo a su Gobierno y a él mismo en tanto “compañero”. Además, la confirmación de que los intendentes siguen siendo una fuerza relativamente autónoma tributa a su idea de sumarlos como “masa crítica” tras su candidatura presidencial.
Son, en sustancia, una fuerza que podría poner “paños fríos” en la interna caliente que se viene. No son, aparentemente, la única para del esquema que diseña Scioli para transitar lo más suavemente posible el año próximo: en una reunión de mitad de semana con Santiago Montoya y Franco La Porta se habría hablado de algo más que del esquema de monitoreo de los servicios públicos del que se dio cuenta en la información oficial.
En efecto, allí Scioli habría anticipado a los dos funcionarios que el esquema de acuerdo con el massismo que permitió la aprobación del presupuesto podría prolongarse en algunas concesiones más. Básicamente, nuevos sillones en las empresas del Grupo Bapro. Esa, y la probable designación de Eduardo Aparicio como reemplazante de Martín Ferré en Desarrollo Humano, son las novedades de gabinete que se aguardan.
PLANES OPOSITORESMientras tanto, dos fuerzas opositoras comenzaron a dejar claro sus planes para 2014, que tienen alguna coincidencia en su objetivo central. El massismo, que además de ser criticado fue convocado durante el Congreso del PJ a retornar al partido, dejó claro que por ahora su estrategia pasa por otro lado: básicamente, acuerdos con peronistas territoriales ajenos a la influencia de la Casa Rosada, para “nacionalizar” su figura. Mauricio Macri necesita lo mismo, y para ese plan, encontrar una figura que haga pie en la provincia de Buenos Aires es esencial. En ese contexto, la habilitación a varios dirigentes para competir por ese puesto se revela cada vez más como una formalidad para no agitar internas anticipadas: el raid de visitas a la Costa que inicia por estos días María Eugenia Vidal, la vicejefa de Gobierno, dan cuenta de la ventaja que ya sacó en esa carrera. (DIB)
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