La causa penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción 10 de Rosario, a cargo de Irma Patricia Bilotta, está caratulada como "estrago culposo agravado" por las muertes que causó el estallido.
Bilotta es la tercera jueza de la causa, luego de que se apartara el juez correccional penal Juan Carlos Curto, que argumentó que excedía su competencia, y Javier Beltramone, quien fue recusado por los abogados de la empresa concesionaria Litoral Gas, y tuvo que dejar el caso.
En la causa hay al menos 11 imputados: cinco son empleados de Litoral Gas, tres de la administradora del edificio, los gasistas Carlos García y su ayudante Pablo Miño, que trabajaban en el lugar al momento de la explosión y un profesional que también hizo arreglos los días previos al estallido.
Entre los empleados jerárquicos de la empresa está la gerenta del Departamento Técnico de Litoral Gas, Viviana Leegstra, a quien se la acusa de de "no ejercer el debido control sobre las funciones delegadas a Claudio Tonucci (jefe del departamento redes domiciliarias), y de éste sobre los inspectores Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller.
Asimismo, la magistrada imputó a Leegstra “por no disponer de un plan de contingencia” para cortar el suministro de gas en un tiempo razonable”.
Hace menos de un mes, los familiares de las 22 víctimas se indignaron cuando leyeron una solicitada de Litoral Gas, en la que deslindó toda responsabilidad en la tragedia, cuyo origen, atribuyó al accionar del gasista Carlos García.
Hace pocos días, Litoral Gas realizó una oferta monetaria a los familiares, a cambio de que desistan de la acción penal, lo que causó un profundo malestar.
El vicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn, salió al cruce de esta iniciativa y lanzó severas críticas: "No se le puede pedir a las víctimas que desistan de su reclamo de justicia a cambio de dinero. No podemos permitir que se ponga la vida y la búsqueda de justicia al nivel de una transacción comercial".
Concretamente, la empresa ofreció a través de la aseguradora Meridional abonar unos 1.200 dólares el metro cuadrado colapsado tras la explosión, además del denominado valor vida, en caso de fallecimiento.
“La prioridad de algunos de mis representados no es la parte económica sino la responsabilidad penal. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió Alicia Bollati, patrocinante legal de la familia de Federico Balseiro, una de las víctimas de la explosión.
Incluso, la abogada adelantó que pedirá ante la Fiscal Graciela Argüelles y la jueza Patricia Bilotta, el cambio de carátula de ´Estrago culposo´ a ´doloso´, basado en el “incumplimiento de las normativas vigentes” por parte de la concesionaria.
Por su parte, Claudia Vaio, la mamá de Santiago Laguía (25), el estudiante de medicina oriundo de Pergamino que murió en la explosión, expresó a Télam: "Estamos conformes con la investigación que realiza la justicia, ya son 13 los imputados y siguen llamando gente a declarar. No vamos a parar hasta verlos presos a todos los directivos de Litoral Gas”.
Para la mujer, la explosión “no fue un accidente, sino un crimen que podría haberse evitado. En estos días, muchos sobrevivientes están siendo convocados a testimoniar, la mayoría se siente feliz de aportar su testimonio para que se condene a los culpables”.
En la misma línea, Marcela Nisoria, quien perdió a su marido Hugo Montefusco en la explosión, dijo no entender la decisión de Litoral Gas, ya que “por un lado publicó una solicitada en la que deslindó responsabilidades, y por otro ofrece pagar. Están sentando un precedente de que se sienten culpables”.
Mientras la jueza Patricia Bilotta avanza en la investigación para determinar responsabilidades, los familiares de las víctimas realizan cada 6 una marcha para exigir justicia y castigo para los culpables de la tragedia. (TELAM)
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