(Ansol).- "Estamos sensiblemente mejor que en el inicio del retorno del periodo democrático. En particular, se retomó el proceso de justicia que se había iniciado en el Juicio a las Juntas contra los responsables por delitos de lesa humanidad. Hoy hay más de 400 condenas, algunas absoluciones, muchos juicios abiertos, es un proceso y un consenso social de que no hay vuelta atrás en ese proceso de justicia", dijo al programa radial Atando Cabos (Radio Cooperativa AM 770) el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chiller.
Si bien los represores condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar suman unos 500, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indicó que hay 73 prófugos con orden de captura y buscados por diferentes fuerzas de seguridad.
En ese sentido, EcoDías, proyecto de comunicación formado en el 2000 en la ciudad de Bahía Blanca, destacó en noviembre que "el represor Alejandro Lawless se fugó en Capital Federal antes de entrar a declarar a tribunales pese a que estaba custodiado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Está procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar".
La investigación de la Procuraduría señaló que "45 de los 73 prófugos eran integrantes de las Fuerzas Armadas, mientras que los restantes revistaban en fuerzas de seguridad o eran civiles".
Hace unos días, la Cooperativa La Vaca realizó el informe radial El noticiero de los juicios: balance 2013, sentencias y juicios que enumeró los procesos judiciales y los condenados, además de las causas.
"Otro aspecto a considerar es el tratamiento que se le está dando, en distintos procesos, a la violencia sexual ejercida contra quienes fueron victimizados por el Terrorismo de Estado. El avance al que nos referimos es el de considerar a la violencia sexual como parte del plan sistemático de aniquilamiento y no como hechos aislados", reforzaron desde ese colectivo que también lleva adelante el proyecto gráfico Mu, revista con una tirada de 10 mil ejemplares.
Y destacaron que también "va surgiendo en los distintos debates lo relacionado con el poder económico. En instrucción se está avanzando sobre los civiles empresarios".
En ese sentido, esta semana se supo que el juzgado que encabeza Norberto Oyarbide comenzó la búsqueda de los libros de actas del período 1975/1983 y legajos de empleados administrativos y de obreros de Acindar. Desde el martes pasado, allana las tres plantas (Capital Federal y conurbano bonaerense y la santafesina Villa Constitución) de la siderúrgica que fue presidida por José Alfredo Martínez de Hoz antes de convertirse en ministro de Economía de la dictadura.
En 1975 Villa Constitución fue intervenida militarmente por José Alfredo Martinez de Hoz, el presidente de Acindar, luego de que los trabajadores reclamaran mejoras laborales. El hecho fue un preludio de lo que acontecería un año después en todo el país, que tuvo uno de sus peores coletazos en la ciudad santafesina en donde en menos de 12 meses hubo más de 50 allanamientos y 300 detenciones ilegales de obreros, muchos de ellos, del rubro metalúrgico, quienes fueron evocados en marzo a través de una muestra fotográfica impulsada por la UOM Villa local y el apoyo de Cooperativa Cooperar 7 de Mayo.
"Le estamos dando relevancia al tema de la memoria, verdad y justicia. Es una fecha emblemática, históricamente reconocida que desde hace 10 años va teniendo proyección nacional", dijo a Ansol en esa oportunidad pasado el presidente de la cooperativa y actual conductor de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), Cristian Horton, hijo de los militantes Raúl Alberto Horton y María Cristina Luchessi, perseguidos y asesinados en 1976.
Milani y las denuncias
"El tratamiento del pliego no pone en discusión su responsabilidad penal en las dos causas abiertas, sino su idoneidad en el cargo, es decir, si es la persona más legitimada para estar al frente del Ejercito", dijo Chiller a Atando Cabos la semana pasada, mientras la Cámara Alta trataba el ascenso de César Milani, quien finalmente lo obtuve con 39 votos a favor –y 30 en contra-.
También fue crítico el presidente de la Comisión por la Memoria Provincial, Hugo Cañón, quien remarcó al mismo programa de Radio Cooperativa que "es una falta de respeto decir que no conocía que existían desaparecidos", sobre los dichos del flamante Jefe del Ejército.
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