Los datos surgen del segundo informe cuatrimestral sobre la evolución de casos del “Registro de casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, que la Defensoría elevó hoy a la procuradora de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo.
“Es altamente preocupante la reiteración de estos casos de violencia institucional”, señala la nota de elevación del informe a Falbo, firmada por el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal provincial, Mario Coriolano.
El funcionario estimó que a partir de los datos se podrán identificar “casos ocurridos en determinadas comisarías o cárceles y analizar antecedentes de ocurrencia de hechos similares para la adopción de medidas” que los impidan.
En ese plano, Coriolano volvió a pedir la puesta en marcha de la policía judicial (ya aprobada en la Legislatura) y la implementación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, entre otras medidas. Además de contatar los 328 casos en cuatro meses, Coriolano recordó que desde marzo de 2000, cuando comenzó a elaborarse el registro, se constataron 8.909 casos de torturas o tratos degradantes en ámbitos policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) (DIB)
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