Rápido de reflejos, Scioli entendió, entre el sábado y el lunes pasado, que los acuartelamientos que abrieron intencionadamente paso a los saqueos en varias provincias podían repetirse en el Conurbano y, que si ese territorio se incendiaba, la crisis se hubiese agravado hasta lo impredecible en todo el país. Por eso, en coordinación con el Gobierno nacional, otorgó un aumento inédito del 36 al 50% a la Policía a través de un decreto, con lo que eliminó los avatares de una negociación abierta.
A eso añadió un trabajo coordinado con la Corte para tener alerta al Poder Judicial y negociaciones con supermercadistas para que entreguen bolsones de comida, una acción que intentará mediarse a través de la representación política y social de los territorios para que no se salga de madre. Con ese esquema, el Gobernador minimizó los incidentes (“apenas” 51 saqueos o intentos y unos 200 detenidos) y espera superar con éxito las fechas clave del 19 y 20 de este mes. Avalado por una oposición que dio muestras de madurez institucional, el esquema le reportó, en principio, una victoria política a Scioli: fue el “cortafuego” de un incendio complicado, lo que le permitió desplegar una intensa actividad entre colegas, para coordinar respuestas conjuntas. La intención del sciolismo, ahora, es que todo se lea como una demostración de capacidad política y de gestión que influya a la hora de definir competencias de cara a la carrera presidencial.
PUNTOS CIEGOS
Sin embargo, hay puntos oscuros e incógnitas no resueltas, que van más allá del hecho de que el poder político solo pudo contener a una fuerza de seguridad a base de cumplir a rajatabla lo que los representantes menos presentables de esa fuerza pedían, apelando a los peores métodos y en coordinación obvia con los que no se plegaron abiertamente a los reclamos. Ese aspecto, en todo caso, puede salvarse apelando a la urgencia del momento, a la necesidad de garantizar la paz social y abortar cualquier intento desestabilizador, un objetivo mayor.
Se trataba, en suma, de conjurar una amenaza que Daniel Adler, el fiscal general de Mar del Plata, una de las ciudades donde la insubordinación policíal estuvo relativamente más extendida, describió como un “un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido en la ley penal”. Allí, el portavoz de los policías fue Carlos Pampillón, del ultraderechista Foro Nacional Patriótico, denunciado por su participación en un video que reproduce el saludo nazi y una marcha del nacionalsocialismo.
Más directo aunque menos dramático, los al menos 1.700 millones de pesos (según cifras oficiales) que costó esa solución constituyen otro de los puntos problemáticos. Además del impacto intrínseco de esa cifra en unas finanzas provinciales a las que no les sobra nada, hay que considerar aquí el efecto “contagio” sobre el resto de los empleados públicos, cuyos gremios ya comenzaron a reclamar adelantamiento de las paritarias, bonos de fin de año y un nivel de incremento salarial mayor al de este año.
La crisis actual, pero sobre todo su solución, no hará más que complejizar un escenario que, inflación mediante, ya se preveía complicado. No hay que olvida, además, que este este año Scioli se vio obligado a cerrar por decreto la negociación salarial con los docentes, después de correr hacia arriba varias veces el techo que buscó ponerle a los aumentos y soportar varios días de paro. Con esos antecedentes, no es necesario que la discusión sea por el 50% para que se torne muy difícil.
La tercera cuestión no atañe directamente a la solución que se le dio a la crisis, sino a los desafíos que puso sobre la mesa para el mediano plazo. El más importante lo definió el Gobierno nacional: una reforma de las Policías provinciales. El esquema del que parece hablar el kirchnerismo es asimilable al que puso en práctica, en su momento, León Arslanián: fragmentación de la Bonaerense, conducción civil sin “jefe” de la fuerza, participación comunitaria a través de foros, ley que acelere las purgas.
El problema es que Scioli, que con Alejandro Granados tiene quizá el funcionario menos indicado para llevar adelante ese programa, parece estar pensando en otra cosa. “Él habla de la creación de las Policías municipales, de la Policía judicial, tal vez de algún acotado sistema de sindicalización”, explican cerca del gobernador. En ese contexto, si la Casa Rosada opta por insistir con su impulso reformista (si tiene el capital político necesario para imponerle esa iniciativa a los gobernadores), este punto puede ser el nuevo foco de conflicto con La Plata. (DIB)
|
