La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Jorge Capellino y confirmó la prisión preventiva del médico imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. De esta forma, el profesional continuará detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
Capellino está acusado de "legalizar" tres homicidios cometidos en 1976 y 1977 y de ser el encargado de "controlar el estado de salud" de los presos políticos durante las sesiones de tortura a que eran sometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército.
Había sido procesado en septiembre pasado por el juez federal Leandro Ríos y el médico apeló tanto el auto de procesamiento como la prisión preventiva alegando, sobre este último punto, cuestiones de salud.
Ahora el máximo tribunal le asestó un nuevo revés, al declarar "inadmisible" un recurso presentado por la defensa de Capellino para obtener la excarcelación, en una sentencia que lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni (en disidencia sólo por una cuestión procesal). Así las cosas, continuará detenido en Paraná.
Con esta novedad, la causa continuará su curso en los términos previstos por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888 -vigente al momento en que se cometieron los hechos-, que prevé actuaciones escritas.
Certificados de defunción.
En la madrugada del 25 de septiembre, Osuna y Fernández fueron introducidos en una casa ubicada en la calle Rondeau 1.396. Los militares los dejaron atados y ambos tenían signos de haber sido sometidos a torturas y vejaciones. Luego se informó que se había producido un "enfrentamiento" y que ambos habían muerto. Sin embargo, la vivienda mostraba más de 300 impactos de proyectiles de distinto tipo y calibre.
Una vez concluido el operativo, Capellino se hizo presente en el lugar para constatar la muerte de Osuna y Fernández, aunque en el expediente está siendo investigado por haber llevado los cuerpos en una ambulancia. En su indagatoria, el médico negó haber hecho el traslado de los restos, pero reconoció que estuvo presente en la vivienda en la que fueron asesinados los dos militantes para constatar la muerte de ambos y que lo hizo por orden de un superior cuyo nombre dijo no recordar.
El otro hecho por el que se lo imputa es el de Pedro Miguel Sobko. En este caso, se le atribuye haber sido partícipe necesario del homicidio del militante del PRT-ERP, el 2 de mayo de 1977, por haber firmado el certificado de defunción mediante el cual se atribuye la muerte de un "NN masculino" por anemia aguda debido herida de bala en hipocondrio derecho, "por accidente". Capellino admitió haber confeccionado y firmado el papel, pero dijo que no recordaba el acontecimiento.
Lo cierto es que Sobko fue asesinado a tiros por Cosme Ignacio Marino Demonte, quien está procesado por el hecho en el expediente principal de Área Paraná. En sede judicial, un soldado señaló que Sobko ingresó gravemente herido al Hospital Militar y que falleció a las pocas horas. Pero su cuerpo nunca apareció.
Además, Capellino está acusado de haber sido el encargado de "controlar el estado de salud" de las personas durante las "sesiones de tortura" a que eran sometidas en el centro clandestino de detención que funcionaba en los cuarteles del Ejército. Puntualmente fue señalado por Gustavo Hennekens; mientras que Juan Antonio Zaccaría, otro médico que se desempeñaba en el Hospital Militar y que fue condenado por robo de bebés, lo mencionó como uno de los profesionales que asistía a los presos políticos.
Legajo personal
Nacido en Pergamino, de 67 años, el teniente coronel médico Jorge Horacio Capellino se desempeñó como adherente de la Delegación Paraná de la Policía Federal y luego, entre 1974 y 1978, cumplió funciones en el Hospital Militar de Paraná; para luego continuar su carrera en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
La acusación contra Capellino consta en un expediente que se desprende de la megacausa denominada Área Paraná. Allí consta que durante la represión ilegal se desempeñaba como teniente primero médico, estaba a cargo del área de Clínica Médica del Hospital Militar y era uno de los profesionales que asistía a detenidos políticos alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército. Esto fue ratificado también por varios detenidos políticos que fueron víctimas de apremios ilegales -de ahí las acusaciones por torturas- y por soldados conscriptos que comparecieron espontáneamente en la causa.
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