Los vuelos ilegales y su carga de drogas provocaron en las últimas semanas fuertes polémicas. Funcionarios nacionales y políticos de la oposición debatieron sobre la necesidad o no de contar con una ley de derribo. Se habló sobre el plan de radarización, de los equipos instalados y de las unidades por construirse. Documentación oficial señala que desde mediados de 2011 fueron detectados más de 800 Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI) en el Norte argentino.
Pero, en rigor, hasta ahora la información aportada por esos radares no fue usada en el decomiso de avionetas narco y los datos aportados por los radares no resultaron de utilidad para desarticular organizaciones criminales.
Así lo afirman agentes de seguridad que analizaron notificaciones sobre vuelos ilegales. Esa observación encuentra ratificación en una docena de causas judiciales en las que estuvieron involucradas avionetas narco. En ningún caso, la investigación se inició a partir de detecciones de los radares instalados en Posadas, Resistencia, Santiago del Estero y Las Lomitas, los dos últimos en forma experimental.
Escuchas telefónicas, llamadas anónimas, avisos de pobladores y observaciones directas efectuadas por gen- darmes aparecen en los expedientes como disparadores de las pesquisas que terminaron en el secuestro de aeronaves y droga.
Dos semanas atrás, unidades especiales de la Gendarmería dieron un espectacular golpe en una estancia en Santo Tomé, Corrientes, y decomisaron cuatro avionetas y 330 kilogramos de cocaína. Las aeronaves despegaban desde Bolivia y atravesaban la zona de radares. Sin embargo, la investigación comenzó por una simple captura de un cargamento que circulaba por tierra; el operativo se concretó luego de tres meses de escuchas telefónicas.
Gracias a la interceptación de llamadas también fue desarticulada, en octubre pasado, una banda que acopiaba cocaína en la localidad cordobesa de Sinsacate, luego de introducir los embarques por vía aérea desde Bolivia. Un informante de la policía de Córdoba había sido, un mes antes, quien aportó los datos que permitieron la captura de una avioneta en Obispo Trejo, horas antes de que se desatara el narcoescándalo que llevó a prisión a la cúpula policial antidrogas de esa provincia.
EXPECTATIVA INCUMPLIDA
Desde que en la década del 90 comenzó el debate sobre la radarización nacional se instaló la idea de que los radares podían, por sí solos, ser elementos disuasivos del ingreso de drogas. Pero la información de un radar nada vale sin los demás componentes del sistema de seguridad aérea: patrullas de aviones de combate, reglas de empeñamien- to para forzar aterrizajes y coordinación con el despliegue terrestre para los eventuales arrestos.
El radar sólo aporta el dato de la ubicación de TAI -aviadores que se niegan a identificarse- durante un corto período de tiempo. Al perderse el contacto, la aeronave infractora tiene cientos de kilómetros "invisibles" para aterrizar en improvisadas pistas y caminos. "No dieron un dato útil para la investigación, más allá de saber que pasan vuelos", comentó uno de los hombres que leyó los informes diarios.
Más allá del análisis de ese agente de seguridad, las causas judiciales confirman esa versión. Cuando la avioneta sale del límite de observación del radar (200 kilómetros) puede aterrizar prácticamente en cualquier lado. Eso quedó demostrado en una causa iniciada en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, en noviembre de 2011. Esa investigación comenzó con una denuncia anónima que alertó a la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino sobre el inminente arribo de una avioneta con drogas al Aeroclub de Colón.
La policía bonaerense -que no tiene contacto alguno con la información de radares militares- decomisó allí la aeronave con 378 kilos de drogas. El peritaje reveló que esa avioneta podía volar durante seis horas y contaba con un sistema improvisado de reabastecimiento que le entregaba otras dos horas de trayecto a una velocidad de 250 km/h.
La zona de radares en el Norte argentino sólo toma la posición de avionetas durante un máximo de dos horas de vuelo, por lo que el piloto narco contaría con posibilidad de aterrizar unos 1000 kilómetros más allá en la dirección que se le ocurra. Por eso las pistas clandestinas se ubican cada vez más al Sur. La Gen- darmería relevó 242 lugares en los que hubo movimientos de avionetas ilegales desde mediados de 2011.
Dentro del área de cobertura de radar, las investigaciones tampoco se apoyan en datos del control de vuelos. En el Juzgado Federal de Reconquista, Chaco, figura una causa en la que se indica que "sobre la base de escuchas se tomó conocimiento de que el 13 de julio de 2012 arribaría una avioneta a unos 12 kilómetros del cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 4", en Santiago del Estero. En el operativo no se pudo encontrar a la avioneta -bajó en un camino lateral-, pero sí se decomisó la droga.
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