Por estos días se estaría definiendo la suerte de un colonense que habría estafado con planes sociales al Estado nacional y cuya causa judicial lleva como acusación "Defraudación contra la Administración Pública".
El presunto delincuente de "guantes blancos" sería Miguel Leonar do "A"La historia comienza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia efectuada por el Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la posible existencia de personas en relación de dependencia -entre las que se encontraría Miguel Leonardo "A"- realizaron una estafa contra el Estado.
Los acusados pudieron estar cobrando, en forma ilícita e indebidamente, planes sociales destinados a personas desocupadas. La víctima en nuestra ciudad sería una mujer que desde hacia cinco años le cobraban una asignación.
La defensa El Defensor Público en su presentación ante la Cámara rosarina y después de reseñar las garantías constitucionales de que goza todo ciudadano, señaló que la Constitución Nacional expresamente consagra el derecho del imputado de elegir su representante técnico. Manifestó que es el imputado quien decide a quien confiará su defensa y sólo ante el supuesto de que no designe un abogado de su confianza el Estado le provee un defensor oficial.
El abogado, indicó que sin perjuicio de que el Ministerio Público Fiscal al solicitar el requerimiento de instrucción mencionó como posible autor a M. A., observó que no se le recibió declaración indagatoria.
Concluyó que si en el expediente no consta la declaración indagatoria de A., en donde designe a esa Defensoría Pública, corresponde declarar la nulidad de su designación
Los pasos de la causa judicial
En noviembre de 2010 mediante otra Resolución el Juez interviniente capitalino declaró su incompetencia parcial, ordenando remitir las partes pertinentes a los juzgados federales con competencia en las ciudades donde se habrían cometido los hechos denunciados. En este caso (Ciudad de Colón) por territorio de influencia es el Juzgado Federal de San Nicolás.
El acusado M.L "A" fue llamado a declarar en noviembre de 2007 y recién en abril de 2008 realiza el procedimiento ratificando la Defensoría Oficial de la Defen- soría Pública Nº 1.
El colonense se presentó al Tribunal de Alzada en este caso la Cámara Federal de Rosario invocando que no había tenido en el proceso acusatorio la debida defensa.
La Cámara rechazó el pedido de nulidad y remitió nuevamente la causa al Juzgado Federal Nº2 de la ciudad de San Nicolás, Secretaría Nº 2184). En esas condiciones se advierte que el encausado contó con la tutela de la Defensoría Oficial en oportunidad de su declaración indagatoria, representación que ratificó a fs. 184.
En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a las prescripciones del art. 104 del CPPN, no se observa violación alguna al derecho de defensa y del debido proceso, por lo se impone el rechazo a la nulidad acusada.
4.- Corresponde entonces confirmar la resolución Nro. 168/12 (fs. 229), con la salvedad de que el incidente de nulidad planteado por la defensa no fue rechazado in limine como reza la resolución, sino que fue sustanciado de acuerdo a las constancias de fs. 227 y 228.
Por tanto, SE RESUELVE: Confirmar la resolución Nro. 168 (fs. 229), en cuanto fue materia de recurso, con la salvedad indicada en el Considerando 4to. del presente pronunciamiento. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por la Acordada Nro. 15/13 de la CSJN
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