La Corte Suprema de Justicia ha ratificado en su fallo una de las principales banderas que levantamos desde los 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática: la comunicación es un bien social que no puede subordinarse al mercado o las corporaciones. La reestructuración de los grupos mediáticos para cumplir con la Ley26.522 es ahora un mandato inexcusable de Clarín y de todos los actores empresariales del sector. Nadie puede ponerse por encima de la ley.
La consecuencia con esos postulados nos obliga a reclamar con la misma fuerza el protagonismo de los Actores Sociales, de los Medios Populares, del Sector Público, de las Pymes y Cooperativas en el desarrollo de una comunicación inclusiva y federal. Ello requiere de una política pública integral para su promoción activa, que supone la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que reclama además la gestión de un nuevo mapa de derechos en materia de libertad de expresión.
Es la hora de darle pleno contenido a todos los artículos y al espíritu democratizador de la ley que construimos entre todos con el impulso de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Una política integral comprometida con la comunicación como derecho social supone articular todas las políticas de Estado para que las Cooperativas de todo tipo, las Empresas locales y regionales, las Organizaciones Populares y los Actores Sociales organicen respuestas que permitan la redistribución efectiva del dispositivo mediático que ha intentado asfixiar la democracia en la Argentina.
Son las banderas históricas del campo popular: la justicia, la independencia y la soberanía, las que deben llenarse de gestión y de contenido para consolidar una década de realizaciones que no pueden entregarse al oportunismo de ocasión. Para ello se requiere capacidad de gestión y compromiso con las ideas fundadoras de esta ley para seguir avanzando en la creación de empleo, el fortalecimiento de la cultura y la identidad regionales y el ejercicio concreto del derecho a la información, que no puede estar subordinado a las productoras metropolitanas.
Políticas activas de efectivización del 33 por ciento para las entidades sin fines de lucro, cumplimiento de la deuda con los radiodifusores incluidos en los artículos 159 y 160 de la Ley 26.522, llamado a concursos para los nuevos operadores de televisión registrados en los Censos públicos, plena implementación del Fondo de Promoción para proyectos especiales, comunitarios y de Pueblos Originarios, fiscalización activa de las cadenas radiales y televisivas que impiden el desarrollo del empleo local, reserva efectiva de frecuencias para las Universidades Públicas y todos los sectores contemplados en la ley, Plan Técnico que permita la administración eficaz y democrática del espectro radioeléctrico, son algunas de las medidas que necesariamente deben acompañar y complementar la adecuación empresaria.
Un nuevo período de gestión comienza el próximo 10 de diciembre en las instituciones creadas por la Ley en 2009. Ante ello, Copla quiere sostener los principios que le dieron sustento para que los representantes del Poder Ejecutivo, la Comisión Bicameral y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual en los directorios de AFSCA y RTA expresen el espíritu participativo, multisectorial, plural e interdisciplinario que la legislación propone y garantiza.
Tal y como lo hicimos a la hora de militar los 21 puntos que fundaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creemos que es hora de acompañar los procesos de adecuación empresaria con una participación activa de la sociedad civil, las universidades y espacios públicos que llenen de contenido a la comunicación como derecho social que es, en definitiva, la razón central de la ley y del fallo con que la Corte lo ha reconocido.
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