El miércoles 28 de agosto en los Tribunales de Plaza Lavalle, la gente respondió una vez más a una convocatoria amplia, intersectorial y unitaria. Y le cambió el clima de derrota que el campo popular kirchnerista sintió desde las PASO.
El 17 de agosto la Coalición por una Comunicación Democrática había lanzado una convocatoria abierta. El martes siguiente el AFSCA sumó la decisión del Estado Nacional de convocar en forma conjunta mientras día a día se engrosaba la lista de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, de radiodifusores y productores de contenidos audiovisuales de los pueblos originarios, del cooperativismo, comunitarios y de micro y pequeñas empresas de arraigo local.
Por otro lado la Corte Suprema de Justicia con su llamado a Audiencia Pública posibilitó finalmente observar la obscena actuación con la que un grupo de abogados contratados por Clarín intentó reducir a un puñado de militantes de la comunicación que alcanzaron los estrados del palacio. La pasión no se compra.
Los públicos ya habían ganado la primera pulseada cuando la Corte tuvo que retractarse y admitir la presencia en el púlpito supremo de la Defensoría que preside Cynthia Ottaviano.
Lorenzetti y los demás cortesanos, en una lectura apresurada, habían definido que la Defensoría del Público no podía participar porque es un organismo estatal. De haberse impuesto ese criterio la CSJ habría derogado de hecho parte del art. 19 de la Ley y demostrado que como tantos opinólogos, periodistas, o funcionarios de distinto pelaje (incluyendo gobernadores) nunca leyeron la Ley.
Mientras en la calle la gente seguía la audiencia reprobando a los Amicus de Clarín y aplaudía a los amigos del pueblo, en el palacio: el Perro Horacio Verbitsky y Damián Loretti como CELS, representaban también a la Coalición por una Comunicación Democrática. El cooperativismo lo hizo a través de Miguel Rodriguez Villafañe.
Hace más de 4 años: 146 diputados, 44 senadores, una presidenta de la Nación con el 54 por ciento de los votos, debatieron y promulgaron la Ley luego de escuchar la voz de un pueblo entero. Hoy sólo falta que 7 argentinos adopten la decisión final y de una vez por todas se defina que un monopolio no puede más que la unidad del campo popular.
La reforma política más importante de los últimos diez años está escrita en la letra de esta Ley. Si luego de cuatro años se pueden movilizar miles de personas es que detrás del texto legal se consolidó una causa nacional.
Para aquellos que creen que la no reelección de Cristina Fernández es un fin de época y que sobre ese ciclo terminado postulan que les será posible derogar los avances culturales, la gente y la Ley le dicen que no se apresuren.
Hay cuestiones inderogables y en la unidad del campo popular está la seguridad de un futuro que nunca será igual al peor pasado. Los avances que no están atados sólo a la prosperidad económica, serán la base sobre la que se tendrá que parar -cualquiera fuere- el presidente/a que alcance la Rosada en el año 2015.
Quinientas personas en Villa María, convocadas por el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual (PUCARA) al día siguiente de la movilización a Tribunales, ratificaron el compromiso con la aplicación de la Ley, avanzando con un programa de acción que promueve y define la sostenibilidad de un nuevo sistema de Medios.
Clarín dejó en claro que sin monopolio el actual sistema de Medios no es sustentable, las voces múltiples que se postulan para crear una comunicación más democrática están convencidas que la misma no es posible sin la articulación de la sociedad civil con las universidades y el Estado.
La Ley ganó la segunda batalla de Tribunales; la Corte Suprema, que asentó su prestigio con fallos históricos a favor de los derechos humanos, tiene la gran posibilidad de seguir en esa línea y con la futura acordada por la Ley de SCA ratificar ese status para la Comunicación. Néstor Piccone. Psicólogo, periodista. Militante de la Comunicación
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