“Atentos a las recurrentes dificultades que padecen los usuarios por la mala prestación de las empresas de telefonía celular, creemos indispensable que el gobierno nacional y los organismos reguladores tomen todas las medidas necesarias para que no se produzcan estas subas, que son absolutamente abusivas”, sostuvo Bonicatto.
El Defensor entendió que los incrementos, que van del 7 al 21%, no guardan relación con la baja calidad de las prestaciones. Y en esa línea, se pronunció a favor de “generar un marco normativo preciso para regular el servicio”.
Bonicatto remarcó que “es necesario que se instauren las herramientas legales pertinentes para declarar a la telefonía móvil como un servicio público, lo que garantizará una prestación en forma continua, regular, uniforme y general, en el marco de mecanismos adecuados de control.
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