Dichos regímenes estimulan la participación de particulares y la asociación entre el Estado y los privados para el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios públicos. Asimismo, crean mecanismos de participación y control para garantizar la transparencia de los actos públicos derivados de los mismos.
En efecto, prevén la conformación de una Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas privadas, y de una Comisión de Evaluación y Desarrollo de Asociaciones Público- Privadas, que deben emitir opinión sobre el interés público que revisten los proyectos que se presenten.
Los proyectos deberán contener como mínimo la identificación del mismo y su naturaleza; las bases de su factibilidad económica y técnica; el monto estimado de inversión; los antecedentes del autor de la iniciativa; y la fuente de recursos y de financiamiento, que deberá ser privado en el caso de las iniciativas privadas.
En el caso de las asociaciones público- privadas es necesario, además, identificar expresamente los aportes del sector público y del sector privado, y la forma jurídica que adoptará la asociación.
Una vez decidido el carácter de interés público de la propuesta de iniciativa privada, ésta será sometida a los procesos establecidos por las normas vigentes en cuanto a licitación o concurso de proyectos, lo que garantiza la apertura a todos los interesados en participar en la ejecución de los mismos.En el caso de que los autores de los proyectos no fueran finalmente quienes los ejecuten, éstos podrán percibir un porcentaje sobre el monto de obra como reconocimiento al derecho de autor. En suma, se trata de herramientas que pueden resultar poderosas para la ejecución de obras estratégicas, y que reconoce antecedentes valiosos en distintos municipios del país, como Rosario, Moreno, Tigre, entre otros. El espíritu es canalizar inversiones orientadas al desarrollo urbanístico, de logística o de servicios, siempre en el marco de la norma que establece los criterios sobre ordenamiento territorial y uso del suelo.
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