Protesta por la detención de cinco delegados de ATE

El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, consideró que la detención de cinco delegados del gremio ATE Provincia es “un procedimiento ilegal”, porque efectivos “de civil” realizaron las aprehensiones sin comunicar las razones....

“Ellos (los delegados) creían que estaban frente a un robo, todo eso enmarcado en que no aparece para qué los detienen, la circunstancia de civil, los autos de civil y la cantidad de hombres”, detalló Mosquera.

En tanto, consideró que se trató de un hecho de “criminalización de la protesta”, basándose en que “los detienen en base a una causa sobre un conflicto gremial y a la salida de una reunión que es en enmarco del mandato de su ejercicio”.

Según dijo Mosquera al portal platense Infocielo, un tercer elemento es definir “quién les ordenó a estos policías actuar de esta manera”, específicamente “quién ordena que sea de civil”. Además, se preguntó si “les estaban haciendo inteligencia”, ya que se los detuvo “sin preguntarles los nombres”.

Estas preguntas, remarcó, tienen que ser respondidas por “la estructura de la policía, la DDI y el Ministerio”. Hay que determinar, además, “si hubo órdenes del juez para que la detención se haga de esta manera intimidatoria a los trabajadores”. Lo que se ve en el video, remarcó, “es la imagen de un secuestro, es de gravedad institucional”, en referencia a la captura del momento en que era detenido uno de los delegados.

Por último, Mosquera responsabilizó al gobierno de Scioli por “haber iniciado una denuncia que termina en esto”, y opinó que es el “repudiable camino de llevar una demanda judicial lo que es un conflicto sindical, con lo cual hay un elemento de criminalización muy fuerte” ya que se trata de “una señal para el resto de los trabajadores”.

Esta mañana, los delegados de ATE -Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti- fueron detenidos acusados “coacción agravada” por haber participado de las protestas realizadas en la Dirección de Cultura y Educación a fines de 2012 y calificó el hecho de “gravísimo”. (DIB)