En consonancia con la iniciativa de un grupo de legisladores del Frente para la Victoria para la expropiación parcial de Papel Prensa, el juez federal Julián Ercolini dispuso un exhaustivo análisis de la evolución histórica de las acciones de la empresa para determinar en qué condiciones se produjo el traspaso accionario en los albores de la última dictadura desde los herederos del Grupo Graiver a los diarios La Nación, La Razón y Clarín. Fuentes judiciales citadas por la Agencia Télam consignaron que el juez "requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones 'desde sus orígenes' para determinar si hubo 'precio vil’ en la venta".
La situación tiene varios puntos de contacto con lo que ocurrió a fines del año pasado con la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina durante el gobierno de Carlos Menem. En ambos casos hubo una transacción contextualizada en la supuesta comisión de delitos (corrupción en el caso del predio palermitano, torturas y amenazas en la empresa monopólica en la fabricación de papel para diarios) en los dos casos se sospecha que el precio efectivamente pagado fue muy inferior al valor real de las propiedades (en el caso de Papel Prensa la ecuación es dramáticamente desigual) y en uno y otro caso hay intentos de recuperación tardía. En el Predio de Palermo, una medida cautelar dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal suspendió el decreto que anulaba la venta por su "precio vil". En Papel Prensa, existe una iniciativa parlamentaria para proceder por ley a la expropiación.
Ercolini, según las fuentes, encargó un farragoso trabajo comparativo desde mediados de los años setenta, cuando Papel Prensa funcionó bajo la órbita del grupo empresario liderado por David Graiver, y toda su evolución posterior, incluyendo el traspaso durante la dictadura y los balances tras el regreso de la democracia. El objetivo final parece ser el de determinar, a valores históricos, cuál era el valor real de la empresa a fines de 1976, cuánto se pactó por su venta y si ese dinero efectivamente se pagó o se trató de una operación simulada bajo ropajes legales pero concebida dentro de los negocios de la dictadura.
De hecho, en la causa judicial subyace la idea de que hubo una disputa indisimulada entre el ex dictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, por un lado, y el ex jerarca de la Armada Emilio Eduardo Massera, por el otro. Unos y otros tuvieron como blanco de la disputa a Lidia Papaleo, cuya firma era necesaria para completar el traspaso accionario.
La empresa fue transferida en noviembre de 1976; la viuda de Graiver denunció que había sido presionada por el principal directivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, quien le habría exigido que accediera al traspaso a cambio de conservar su vida y la de su hija.
Los Papaleo son querellantes en la causa, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Ambas partes se mostraron cautas ante el movimiento que comenzó a sacudir a la causa. Se trata de un expediente de investigación compleja, que estuvo demorado largamente por una "cuestión de competencia" entre jueces de la Capital Federal y de La Plata.
A mediados del año pasado, la Sala Primera de la Cámara Federal porteña resolvió que debía ser Ercolini quien quedara a cargo de la pesquisa, apartando a su antecesor, Daniel Rafecas, y quitándole la competencia al platense Arnaldo Corazza. Hasta ayer nada había trascendido sobre lo que estaba llevando a cabo Ercolini. Ahora se supo que "se comparará el precio de las acciones en esa época y a cuánto se vendió" la empresa. El supuesto "precio vil" que investiga el juez podría convertirse en el principal indicio sobre la supuesta coacción.
Con esos datos en la mano, el juez planea comenzar una larga ronda de declaraciones testimoniales para formar un cuadro de situación que podría derivar en llamados a indagatoria. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos consideró que estaban dadas ya por entonces las condiciones para llamar en calidad de imputados a Ernestina Herrera de Noble, Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos, Videla y Martínez de Hoz, fallecido hace menos de dos meses. «
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