Los trabajadores –de los cuales 52 no estaban registrados- cumplían sus tareas de desmonte con herramientas precarias, sin protección en sus manos ni en sus ojos y no contaban con ningún elemento de seguridad laboral. Además cumplían jornadas laborales de más de 10 horas. Tampoco el predio contaba con elementos de primeros auxilios, ni medicamentos.
Los trabajadores no tenían posibilidad de regresar a sus hogares. Vivían en el monte, en chozas rudimentarias confeccionadas con plásticos y restos de ramas de los árboles. Algunos dormían en camas armadas con palos y otros directamente sobre la tierra. Tampoco tenían agua corriente, ni luz eléctrica, ni sanitarios de ningún tipo con lo cual los trabajadores no podían asearse.
Las tareas de desmonte se llevaban a cabo a más de 80 kilómetros de distancia de la primera localidad aledaña. Los trabajadores no podían regresar por sus propios medios a su lugar de origen, ya que fueron llevados desde la localidad de Coronel Sola (Morillo) -ubicada al norte de esa provincia- por el mismo contratista.
A su vez, contaron que su empleador se acercaba solamente cada 3 días al predio a dejarles alimentos que les resultaban escasos. Además se los anotaba en una libreta –sin precio- para descontarles luego de sus haberes.
A su vez, los inspectores de la AFIP constataron que los empleados se encontraban sin recibir pago alguno desde hace 4 a 5 meses. Además manifestaron que no tienen la posibilidad de regresar por sus propios medios a su lugar de origen, dado que se encontraban incomunicados, sin movilidad y sin conocer el terreno.
Junto con los trabajadores vivían 16 familiares de ellos entre quienes había mujeres y niños provenientes de pueblos originarios, que residían en esos campos en condiciones de vivienda infrahumanas.
De este modo, la AFIP verificó indicadores de la comisión del delito de la trata de personas con fines de explotación laboral, por lo que formuló la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Orán por explotación infantil, reducción a la servidumbre y trata de personas contra los titulares de los predios y del contratista. La denuncia recayó sobre Hernán González y la firma “El Curaca SA”
Hace pocos días fue promulgada la ley 26.847 que reprime con prisión de uno a cuatro años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave, siendo la presente denuncia de la AFIP el primer caso al amparo de la nueva legislación.
Asimismo, la AFIP estimó una evasión y multas a los Recursos de la Seguridad Social de aproximadamente $ 360.000.
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