Lo hizo en el marco de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del país.
Tal como adelantó Tiempo Argentino, el juez aguardó en vano una respuesta por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre información reclamada a lo largo de los últimos tres años, relacionada a las supuestas actividades ilegales por las que Arbizu no sólo mencionó a sus presuntos clientes, sino que también se autodenunció como parte de esa maniobra.
El juez dispuso librar un "exhorto diplomático al juez competente con jurisdicción en la ciudad de Berna, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal" entre ambas naciones, "a fin de que a través de alguna autoridad financiera central de control o por otros medios, pero en todo caso SIN la intervención directa del JP Morgan Chase Bank sucursal suiza, se informe si las cuentas bancarias que surgen del listado adjunto se corresponden a titulares de cuentas" en la filial helvética de la banca Morgan. La nómina con los números de cuenta y sus titulares fue acompañada por otro requerimiento internacional, de similar carácter, a las "autoridades judiciales con competencia en la Bailía de Guernsey, dependiente de la Corona Británica."
Se trata de una pequeña isla de menos de mil habitantes y unos 80 kilómetros cuadrados, situada frente a la costa de Normandía e identificada como un "paraíso fiscal".
Torres resolvió en las últimas horas "librar oficio a la AFIP a fin de que remita al tribunal un informe relacionado con la situación patrimonial, económica y financiera de las 469 personas físicas y jurídicas señaladas, desde el año 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse los siguientes rubros: actividad, ingresos, bienes personales y situación patrimonial, especificando además si en la presentación anual correspondiente u otra pertinente, tales sujetos denunciaron poseer cuentas en el extranjero.
También la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un pedido para que "aporte un informe pormenorizado sobre la consistencia de la situación patrimonial y financiera de las 469 personas, en función de las disposiciones y exigencias de la Ley 25.246".
Esa norma, promulgada el 5 de mayo de 2000, durante el gobierno de la Alianza, establece el "deber de informar" las supuestas maniobras de "encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo". Torres quiere saber si la filial local del JP Morgan "ha observado tales disposiciones y demás normas", es decir si cumplió o no con la ley argentina.
La UIF también deberá requerir "informes a las respectivas unidades de Información Financiera en Suiza y Estados Unidos a fin de que estas informen si las personas físicas y jurídicas que obran en el listado poseen cuentas a su nombre en el sistema financiero y se indiquen saldos."
El juez también requirió con carácter de "urgente" a la Inspección General de Justicia "un informe pormenorizado a fin de detallar las participaciones societarias respecto de las 469 personas físicas y/o jurídicas, discriminándose la firma, su composición accionaria o cuotas partes, capital social y si ostentaban algún cargo en la dirección o representación de las mismas.
Asimismo, deberá informar el tipo societario con el que opera la firma JP Morgan en la República Argentina y adjuntar datos de los directivos y responsables de dicha entidad bancaria."
A la Comisión Nacional de Valores (CNV), el juez le pidió "toda la información de que disponga en el ámbito de su competencia en relación a JP Morgan Chase S.A. sociedad de bolsa, y si respecto de ella se ha realizado (en ejercicio de su poder de policía) una inspección, y en caso afirmativo, cuáles han sido las conclusiones."
JP Morgan Chase tenía un sector denominado "Banca Privada" situado en el piso 22 de las oficinas de Avenida Madero al 900, de esta Capital, entre enero de 2006 y diciembre de 2011, según se desprende del requerimiento del juez.
Por allí, según Arbizu, pasaban las operaciones que denunció y que forman el objeto procesal de la causa de Torres.
El juez quiere saber todo sobre esas oficinas, y por eso le pidió al Banco Central y al gobierno porteño si estaban habilitadas para operar comercialmente y, en caso afirmativo, se le remitan el listado "donde se encuentran asentadas todas las operaciones de cambio de divisas de los clientes mencionados por Arbizu". «
CABLEVISION ESCAPA A UNA MULTA DE $ 100 MIL DIARIOS
Cablevisión debería empezar a pagar hoy una multa diaria por no adecuarse al valor del abono básico del cable.
El juez Alfonso Ziulu aplicó la sanción el pasado 19 de abril con tres días hábiles para que la empresa acreditara haber complicado la sentencia, es decir, emitir una factura con la tarifa que impone la Secretaría de Comercio Interior.
Al no haberlo hecho, desde hoy se empezarían a contar 100 mil pesos por día a calcular desde el último viernes.
Frente a esto, la empresa interpuso ayer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Es decir, le pidió al juez que interviene que deje sin efecto la resolución o que intervenga la Cámara, con lo que consiguió estirar un poco más el proceso aun cuando desde la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires aseguran que el pedido será rechazado.
Además, aunque el expediente vaya a la Cámara no debería suspender la ejecución de la medida cautelar y la multa.
"La sanción que ya empezó a correr el viernes deberá ser aplicada porque al pedir revocatoria quiere decir que la empresa no cumplió ni va a cumplir. Esto significa también que esta semana es final para la empresa en las alternativas de postergación”, señalaron desde la defensoría.
UNA LISTA CON FAMILIARES Y AMIGOS
El listado que confeccionó el juez Torres incluye al Grupo Clarín como tal y a sus directivos y familiares. Pero también a otras empresas y hombres y mujeres de negocios de significativa relevancia, entre ellos Eduardo Constantini, la Fundación Instituto Leloir y Nordelta SA.
Los nombres consignados, tal cual aparecen en la resolución del juez federal, son “1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust”, “Agea Inversora SA”, “Alma Rocío Aranda”, “Aranda José A. / Noemí Alma”, “Arte Gráfico Editorial Argentina SA”, “Arte Gráfico Editorial Argentino SA (Clarín)”, “Artes Gráficas Rioplantense SA”, “Clarín Global SA”, “Compañía de Medios Digitales (CMD) SA”, “Ernestina Laura Herrera de Noble”, “Ernestina Laura Herrera de Noble and Marcela Noble Herrera”, “Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera”, “Felipe Noble Herrera”, “Grupo Clarín SA”, “Grupo Clarín Services LLC”, “Guareschi Roberto Pablo & Alejandra P.”, “Héctor Horacio Magnetto”, “Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda”, “José Antonio Aranda” (en tres oportunidades), “Lucio R. Pagliaro”, “Lucio Rafael Pagliaro”, “Mercado Libre INC”, “Multicanal SA”, “Noemí Alma Luna de Aranda” (en dos ocasiones), “Pagliaro Lucio R. & Costes AN”, “Radio Mitre”, “Tele Red Imagen” y “Televisión Satelital Codificada”, entre otros.
El apellido Constantini se repite constantemente en el listado. Así, figuran “Eduardo y Mariana Constantini”, “Eduardo Constantini”, “Fundación Eduardo Constantini”, “María Soledad Constantini” (dos veces), “Mariana Constantini”, “Martín R. Constantini”, “Rodolfo Constantini”, “The Constaqntini Film Company LLC” y “Tomás Constantini”. En distintos lugares aparecen el titular del banco HSBC Enrique W. Ruete Aguirre, el Frigorífico Rioplatense, la Fundación Instituto Leloir y la Fundación Instituto Leloir Charitable Trust, Morgan Trust Company of the Bahamas, Nordelta SA y Abienur SA, una sociedad anónima emisora de acciones al portador registrada en Uruguay.
También aparece reiteradamente el apellido Priu, vinculado con la Petrolera San Jorge, y las empresas vinculadas con Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin. Nestor Esposito Tiempo Argentino
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