La Coalición por una Comunicación Democrática, desde los 21 Puntos escritos en el año 2003, definió que para garantizar el derecho humano a la comunicación es fundamental que se desmonopolice por un lado y que por el otro se sostenga la multiplicIidad de voces.
El fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Nª 1, ostensiblemente favorable al Grupo Clarín, no sólo le garantiza a éste que continúe con su posición dominante en el cable sino que limita la posibilidad de que las pantallas de las micro y pequeñas empresas de arraigo local, las cooperativas, las comunitarias y los pueblos originarios puedan acceder a este tipo de distribución de sus producciones.
Con el fallo la Cámara condena a las organizaciones sin fines de lucro y las micro y pequeñas empresas de arraigo local a su desaparición.
La CCD convencida de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sólo es aplicable si a la desmonopolización se suma la sostenibilidad del nuevo sistema de medios seguirá bregando por la constitucionalidad de la Ley 26522 en todos sus términos, tal y como salió del Congreso y promulgó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner .
La Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad histórica de definir una polémica ficticia entre los negocios de un monopolio y los derechos de toda la ciudadanía.
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