En ocasiones, cuando la política gremial empresaria se mezcla con los negocios del conjunto de los productores terminan perdiendo estos últimos.
Este es el caso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevehere y su compañero de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, que envueltos en una sórdida pelea política e ideológica con el gobierno nacional, hicieron un llamamiento público para que los productores no liquiden sus existencias de soja y las guarden en silobolsas o en silos hasta tanto se produzca una devaluación que mejore sus ingresos o que obligue al Poder Ejecutivo a ir al pie.
Nada de eso ocurrió.
Al contrario, las sugerencias de Buzzi y Etchevehere se transformaron en un verdadero boomerang que generó serios perjuicios económicos a los productores y puso en tela de juicio el liderazgo de los capitostes de la SRA y la FAA.
De acuerdo a los datos duros, la Argentina perdió en los últimos dos meses entre $ 250 y $ 1000 millones porque los granos de soja de la cosecha 2011-12 que los productores mantienen ocultos se desvalorizaron debido a la fuerte caída que sufrieron los precios internacionales del poroto de soja. La cuenta es sencilla.
Hay un dato que explica por sí solo el análisis: entre el 4 de febrero y el 5 de abril el precio de la tonelada de soja cayó más de U$S50. Al principio de abril, la tonelada de porotos en Chicago cotizaba a más de U$S551 y el precio cerró por debajo de los U$S500. Para simplificar el análisis tomamos dos hipótesis distintas que le permitirán al lector elegir la que considere más conveniente o quizás una intermedia.
Caso A. Según un relevamiento que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aún existen un remanente de más de 4 millones de toneladas de soja sin liquidar, que los productores mantienen en los silobolsas o en silos. Si se reconoce a este número como válido, si los productores hubieran vendido la soja el 4 de abril o en los días próximos, el país tendría ingresos extras por $1.000 millones. Es simple, multiplique U$S 50 más por tonelada por las 4 millones de toneladas que refiere la AFIP y obtendrá alrededor de U$S200 millones, que representan alrededor de $1.000 millones.
De este total, $350 millones corresponderían al Estado con concepto de Derechos de Exportación mientras que los $650 millones restantes se los repartirían los productores y los exporta- dores y otros referentes de la cadena de la soja.
Caso B: Esta hipótesis de mínima supone, como plantean el Ministerio de Agricultura y las propias entidades ruralistas, que como la última cosecha de soja apenas alcanzó las 40 millones de toneladas, sólo existen alrededor de 1 millón de toneladas repartidas entre los productores.
En este caso, la caída del precio internacional de la soja le hizo perder al país alrededor de U$S 50 millones o $ 250 millones.
De este total, $ 162,5 millones hubieran quedado en manos de los productores y exportadores mientras que $ 87,5 millones corresponderían a las arcas del Estado. Vale una aclaración para el lector: estas dos hipótesis forman parte de una simplificación de un mecanismo más complejo en el que intervienen otras variables.
Sin embargo, los números gruesos serían prácticamente los mismos y no afectaría la conclusión final: la agresiva campaña de Buzzi y Etchevehere instando y alentando a los productores y exportadores a que escondan la soja generó un serio perjuicio a los propios actores privados, a la Nación y a las provincias. Pero eso no es todo. Obstinado, Etchevehere redobló la apuesta y le pidió otra vez a los productores que no liquiden sus existencias en soja, cuando todo parece indicar que por la caída de la demanda de China (producto de un brote de gripe aviar), principal consumidor del poroto, y de las buenas cosechas esperadas de Brasil, la Argentina y los Estados Unidos, la soja en julio se ubicará por debajo de los U$S 496.
No se trata de una conjetura, en las últimas semanas, China ya canceló varias compras que tenía previstas a Brasil y Estados Unidos. Es decir, que mientras Etchevehere y Buzzi siguen pregonando la política de la especulación, los que pagan las consecuencias de su enfrentamiento con el gobierno son los propios productores y el fisco argentino" (El Comercio)
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