Por ley intentarán prostitución "cero" en territorio bonaerense

La Cámara de Diputados bonaerense buscará prohibir en todo el territorio provincial la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación -de manera ostensible o encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos o locales de alterne....

Se trata de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el legislador Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista), en el que se dispone la inmediata clausura a partir de la entrada en vigencia Ley, de cabarets, clubes nocturnos, o establecimientos o locales de alterne, entendiéndose por ello a todo lugar abierto al público o de acceso al público en donde se realicen, toleren, promo- cionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad.

La normativa que evaluará la Legislatura alcanza "a todos los locales en donde los concurrentes o clientes traten con hombres o mujeres contratados para estimular el consumo o el gasto en su compañía y a todo lugar en donde bajo cualquier forma, modalidad o denominación se facilite, realice, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas prostituidas, su consentimiento para ello".

Por otra parte se indica que en todos los procedimientos que se realicen, se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria. Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debién- doseles brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

La Ley presentada por Lissalde también prevé la creación de la "Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual" cuya integración, funciones y atribuciones serán dispuestas por vía reglamentaria y que el Consejo General de Educación deberá arbitrar los medios necesarios para incorporar como contenido curricular en las escuelas provinciales el estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de personas y los medios de prevención de este delito.

Finalmente se invita a las municipalidades a adherir a las disposiciones de la Ley y, en especial, a derogar en las respectivas normativas municipales los tributos, tasas o contribuciones que establezcan como recurso el ingreso derivado de las actividades prohibidas en esta normativa.

"Con esta convicción y en igual sentido que la presente propuesta, ya han sancionado leyes denominadas popularmente 'prostitución cero' las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Tucumán y recientemente San Luis, iniciativas a las que se deben sumar numerosos municipios que han sancionado ordenanzas en similares términos", reclamó Lissalde.

En los fundamentos del proyecto, el legislador del justicialismo disidente expresa que: "la trata de personas es considerada una forma moderna de esclavitud, que se caracteriza por la captación, transporte, rotación y alojamiento de personas con el fin de explotarlas sexualmente y comercialmente. Este delito es considerado como de lesa humanidad, puesto que agravia, lesiona e injuria gravemente la condición humana, reduciendo a las víctimas incluso a vivir en condiciones infrahumanas, con serias secuelas en las personas que la padecen".