“No hay ley en la Provincia que obligue a los funcionarios, de todos los poderes, a presentar las declaraciones juradas. Como funcionario nacional tengo todos los años que hacer pública mi declaración jurada y como funcionario provincial no”, dijo Mariotto a radio La Red.
El dirigente kirchnerista consideró que se necesita "avanzar hacia la transparencia" y señaló que la iniciativa, que está en carpeta para el inicio de las sesiones de este año, surge desde la propia Legislatura. “La falta de Ley de Ética Pública es una deuda”, señaló el vicegobernador, y aclaró que el proyecto servirá para que “todos los funcionarios tengan que presentar su declaración jurada y así avanzar hacia la transparencia”.
Con respecto a los dólares que ayer declaró públicamente el gobernador Daniel Scioli -son 201.175 y están en una caja de ahorro en el Banco Provincia-, Mariotto advirtió que "cada uno es libre de manejarse como corresponde" pero opinó que "la Presidenta lo resolvió muy bien cuando pasó todos sus ahorros en dólares a pesos" el año pasado. "Yo no tengo dólares", aclaró el vice, aunque reconoció que en los años ’90 sí “tuve algunos”.
Al ser consultado sobre si era poco ético que Scioli tenga ahorros en dólares, Mariotto evitó hacer una consideración y dijo que “es libre” de manejarse como corresponde. “El gobernador tiene una suma que la tiene en la declaración jurada que no se hace pública. Lo que estamos pidiendo que se hagan públicas”, cerró.
La legislación A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional desde 1999, la legislación vigente en esta materia no obliga a los funcionarios de los poderes del Estado bonaerense a presentar regularmente sus declaraciones juradas. En ese marco, legisladores de la oposición bonaerense pidieron a Cristina Fernández que instruya a diputados y senadores del oficialismo para que acompañen los proyectos que buscan regular la declaración de los bienes.
En efecto, la legislación que regula esta materia en la Provincia data de un decreto ley del año 1980 que establece el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios. Fue reglamentado en 1990 con un artículo que dispone que esa información puede ser suministrada a quienes demuestren un “interés legítimo” en acceder a ella.
Luego, en 2000, la Provincia dispuso un procedimiento para obtener la información, a través de una solicitud formal que debe ser presentada por escrito en la Escribanía General de la Gobernación, donde se analiza si responde a ese criterio de “interés legítimo”. Igual reglamentación se estableció en los últimos tiempos para el acceso a datos sobre sociedades en la Inspección General de Justicia de la Provincia. (DIB)
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