Fechado el 27 de diciembre de 2012 y publicado hoy en el Boletín Oficial, dispone modificaciones en las partidas del Presupuesto 2012, reasignando recursos por 5.979 millones de pesos, de los cuales 4.500 millones son aportados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y 1.479 millones de pesos por el Banco Central (BCRA).
En tanto, el artículo 3º del decreto faculta a la Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, a otorgar a los gobiernos municipales “ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones”.
Esto, según la norma, servirá para “fortalecer los niveles subnacionales de mayor descentralización, estableciendo las debidas facultades para poder implementar mecanismos de asistencia económica y financiera destinados a mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión por parte de los gobiernos municipales”.
Sin embargo, la agencia oficial Télam aclaró que esto no significa que el total de fondos reasignados sea destinado a los municipios.
De los 1.479 millones de pesos aportados por el BCRA, tomados como anticipos de la partida "servicio de la deuda pública", 1.129 millones serán destinados a cubrir obligaciones a cargo del Tesoro Nacional con las provincias, en tanto que los 350 millones restantes son para el programa "Política e Infraestructura Penitenciaria", a cargo del Ministerio de Justicia.
En lo que hace a los 4.500 millones de la ANSES, ese monto surge de la venta de títulos y valores por 1.330 millones de pesos, la misma cantidad por disminución de otros activos financieros, 1.290 millones del Fondo de Garantía de la Seguridad Social y los 550 millones restantes de ingresos corrientes del organismo.
Según se informó oficialmente, este decreto refleja presupuestariamente la operatoria del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), a la vez que incorpora recursos en ANSES (mayores contribuciones de los trabajadores activos).
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que “resulta urgente modificar los créditos para atender gastos no contemplados en el Presupuesto vigente para facilitar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.
Además, se señala que “el aumento de las erogaciones proyectadas en la presente medida será financiado mediante mayores recursos propios y fuentes financieras adicionales de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”. (DIB)
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