La teoría política sobre el régimen democrático distingue dos tipos de oposición: la "oposición leal" y la "oposición antisistema". Es decir, entre quienes aceptan el juego que regulan las normas constitucionales y quienes no reconocen ningún límite institucional al objetivo de revertir el curso de aquellas políticas que limitan o impiden la realización de sus intereses corporativos.
Con el telón de fondo del 7 de diciembre, la cobertura de los grandes medios sobre las elecciones en Venezuela, la selección de jueces por el Consejo de la Magistratura o la insubordinación de los gendarmes y prefectos genera fundadas sospechas de que éstos han optado por un posicionamiento antisistema y promueven un clima destituyente, ya que no critican o discuten con el Gobierno, sino que buscan su debilitamiento y, de ser posible, su caída.
La resistencia del Grupo Clarín por adecuarse a la Ley de SCA lo lleva, con el acompañamiento de La Nación, a despreciar la verdad y oscurecer el debate político. Queda claro que tanto uno como otro colocan los objetivos empresariales por encima del interés común y la verdad de los hechos. Incluso, hasta parecería, como señaló Enrique Masllorens desde su columna de Tiempo Argentino, que no les importa incendiar el país con tal de defender sus posiciones dominantes e impedir el surgimiento de una nueva Argentina soberana, equitativa, inclusiva.
Como parte de la campaña de oposición a la Ley, tanto Clarín como La Nación y otros medios satélites buscan afanosamente instalar que su plena vigencia implica un ataque a la libertad de prensa. A fin de convalidar esta posición la SIP hará una nueva visita a la Argentina. Su presencia en el país, en una fecha clave como el 7 de diciembre, está en sintonía con la intención de Clarín y La Nación de avanzar en la creación de un clima destituyente.
Pasando olímpicamente por alto que la Ley de SCA surge de la sociedad civil, que fue ampliamente debatida en cientos de foros, que fue aprobada por una abrumadora mayoría parlamentaria y que el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, acaba de reiterar que «es la más avanzada del continente y un modelo para otras regiones del mundo», la SIP dice que vendrá a la Argentina porque considera la ley es una amenaza para la prensa independiente y avanza sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín, a los que califica como «los pocos que hoy informar con independencia del relato oficial». Como señaló Diarios y Periódicos de la República Argentina (Dypra) en un reciente pronunciamiento público acerca de estas expresiones de la SIP, se trata de «una afirmación que constituye un agravio a los cientos de medios que informan con mirada propia y no pertenecen al monopolio Clarín».
Autoproclamada como una institución desinteresada que defiende la libertad de prensa en el continente, la SIP es en realidad un nucleamiento patronal que reúne a los principales medios gráficos del continente, incluyendo a los grupos que monopolizan la información, y tiene como objetivo central la defensa corporativa de los intereses económicos y políticos de las empresas privadas que la integran.
A lo largo de su historia, la SIP convalidó las dictaduras latinoamericanas y alentó golpes de estado en colaboración con la CIA, como los que derrocaron a Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y a Salvador Allende en Chile (1973), según revelan documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y el informe de la Comisión Church del Senado de los Estados Unidos de América.
Ya en el año 2005 la SIP atacaba al gobierno de Néstor Kirchner. Como siempre, la organización se encolumnó en defensa de los privilegios de los grupos monopólicos y contra toda tentativa de democratización de la comunicación. Las organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos nucleadas en la Coalición por una Comunicación Democrática, advirtieron entonces que el único interés de la SIP era “proteger el negocio de unos pocos en detrimento del verdadero ejercicio del derecho a la información que es patrimonio de toda la sociedad”. El propio Kirchner les dijo en aquella oportunidad: “No nos vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa los que para imponer sus ideas mataron, asesinaron y secuestraron”.
Desde luego, la SIP incrementó sus ataques contra la Argentina a medida que la movilización popular y el Gobierno avanzaban con el debate y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También se manifestó en contra de la investigación por la supuesta apropiación irregular de Papel Prensa en el marco del Terrorismo de Estado y en connivencia con la dictadura militar. Es más, designó como Secretario de la institución a Bartolomé Mitre, uno de los implicados en la causa.
En la actualidad, la SIP concentra sus ataques contra los gobiernos populares de la región, como los de Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, a los que envía misiones especiales. Curiosamente no dirige ninguna delegación a México y Honduras, países donde se produjo, en 2010, el mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo.
Desde luego, a la SIP la tienen sin cuidado la censura que ejerce Cablevisión sobre las señales Paka-Paka, Telesur e Incaa TV. Nada de esto la preocupa, ya que su único objetivo es preservar los intereses de los monopolios comunicacionales, desconociendo los valores democráticos que nacen de la soberanía popular. Tampoco jamás le preocupó las maniobras que durante años hicieron Clarín y La Nación, a través del dominio de Papel Prensa, para frenar el desarrollo de sus competidores al negarles el acceso a un insumo básico
La libertad de prensa en la Argentina
¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en la Argentina? El portal Diario sobre Diarios, en su sección Zona Dura, informa que tres organizaciones internacionales, Freedom House, Reporteros sin fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitieron en septiembre informes sobre el estado de la libertad de expresión, que incluyeron referencias hacia la Argentina.
Freedom House es una organización estadounidense caracterizada políticamente como conservadora, que monitorea el estado de diversos derechos, entre otros el de libertad de expresión. En su informe focalizó la libertad de prensa en la web. En tanto, RSF es una ONG internacional con sede en París, Francia y todos los años difunde su monitor sobre libertad de expresión. El CPJ también tiene difusión global, pero tiene sede en Estados Unidos y su reporte tuvo como único eje a lo que ocurre en nuestro país.
El informe de libertad en la web de Freedom House incluyó a seis países de América: Argentina, Brasil, Cuba, México, Venezuela y Estados Unidos. Nuestro país está catalogado en la categoría “Libre”, la misma que la organización utilizó para Estados Unidos y Brasil. México y Venezuela obtuvieron la calificación de “parcialmente libre”. Cuba, por último, fue calificado como “no libre”.
En el mapa de libertad de prensa, RSF califica a la Argentina como “situación satisfactoria”, categoría que sólo comparte en América Latina con Uruguay.
Por último, el informe del CPJ tiene un formato más cercano a la nota periodística y de hecho lleva la firma de su investigadora Sara Rafsky. Lleva como título. “En la confrontación entre el gobierno argentino y la prensa, pierde el periodismo” y el eje del texto es la pulseada entre la Casa Rosada y el Grupo Clarín.
Poner en duda que en la Argentina hay libertad de expresión es, por tanto, una afirmación temeraria dirigida a debilitar a un gobierno que, como ningún otro, avanzó en la democratización de la sociedad.
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