Si bien los temas que se desgranaron fueron muchos, y con el correr de las horas los oradores recorrieron el mundo político y económico, la Ley de Medios volvió al centro de la escena.
La Asamblea no dejó de considerar la reforma del Código Civil en Argentina, el triunfo de Hugo Chavez en Venezuela o la nueva y positiva negociación por la paz en Colombia pero recurrentemente volvió para valorar de los cambios en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la gestión de Martín Sabbatella.
Además la gente de Carta le dio la oportunidad a la Coalición por una Comunicación Democrática para que informara sobre la campaña federal de Foros Populares Abiertos y también para recibir la opinión que la CCD tenía de este momento. La reunión fue un abrazo entre dos instancias transversales.
Está claro que en los días que nos separan del 7 D muchas cosas se van a decir y hacer, como serán también muchas las operaciones políticas que promoverá el multimedio mediático para condicionar, amedrentando permanentemente, las acciones que adopte la democracia para que los grupos se adecúen a la Ley.Un Carta Abierta, ya sobre la hora, cuando el partido se terminaba, casi desde el estribo, hizo una reflexión interesante sobre su propia y personal pelea contra el grupo Clarín. Primero contó como intentaba a diario que los alumnos pensaran lo que había detrás de los medios de comunicación pero después se expuso ante el auditorio contando las veces que Clarín lo obliga a confrontar la realidad con la verdad.
Un ejercicio que todos deberíamos hacer con todos los Medios todo el tiempo, pero que de aquí al 7D habrá que extremar. No es fácil, decía el hombre, detectar cuantas veces por día caemos en alguna trampa que nos tiende el multimedio.
Esta semana, no más, el nombramiento de un juez para que dictamine sobre la constitucionalidad del artículo 161, puso en riesgo la institucionalidad, porque se llegó a denunciar que el gobierno ejerce presión para que se aplique la Ley, como si esto no fuera una obligación de cualquier gobierno y de todo argentino.
Cuando finalmente se denomina al juez Horacio Cecilio Alfonso, Clarín: primero disimula la designación que se ajusta a derecho, luego manda a sus Medios amigos a que inicien la tarea de desgaste con la amenaza de una posible recusación. El gobierno acata la decisión porque la misma rompe la trama perversa y antidemocrática, urdida en la Magistratura.
Que el gobierno nacional no quiere a Clarín está claro, pero que la acción que emprende para que el Grupo se ajuste a derecho está dentro de los más estrictos parámetros de la democracia, no cabe ninguna duda.
Como se demostró con la Ley de SCA cuando se argumentaba que era K y no lo fue ni lo será, también hay que remarcar que el plazo del 7 de diciembre no es un plazo puesto por el gobierno sino que es de la Corte Suprema de Justicia y una exigencia de los miles de argentinos que promovieron la Ley y que quieren que todos/as la respeten.Para Cristina aplicar la Ley es un mandato popular; para Clarín resistir es un ejercicio de poder económico: en defensa de su caja (los millones de abonados al cable) y de la posibilidad de seguir manipulando la agenda de la democracia. Clarín está en la agenda de todos los argentinos y cada vez son menos los que le creen.
Para los argentinos la aplicación de la Ley de Medios es la posibilidad de ejercitar más y mejor la libertad y la democracia que muchos desconocen.
Para quienes militaron la Ley, sean o no kirchneristas, es una hermosa tarea de debate y de creatividad para esclarecer a la ciudadanía, es también la distribución de una pócima simbólica que sirva para quitarle el miedo a quienes temen a Clarín y es una causa que, de imponerse como queremos e impulsamos, servirá para abrir nuevos caminos en la construcción de una sociedad más justa donde todos tengamos el derecho a conocer la verdad y de acceder al conocimiento que nos permita ser más libres y mejores personas.
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