(Ansol).- El próximo 7 de diciembre vence el plazo para la readecuación de las diferentes empresas mediáticas a los límites fijados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Específicamente, este elemento de la normativa es central para alcanzar los objetivos perseguidos por la misma: darle espacio a otras voces. Pero cuando decimos voces, no solo decimos voces. Decimos también oídos. Porque además de la libertad de expresión está en juego el Derecho a la información (consagrado por la Constitución argentina) y la posibilidad de que los ciudadanos de cada región puedan acceder a una comunicación que no contenga el "regionalismo impostado" (incluso con buenas intenciones) con que a veces se tiñe el "federalismo" de los medios de comunicación originado en las grandes urbes, especialmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablar "del interior" desde Buenos Aires no es federalismo, tampoco hablar del "interior” desde el “interior". Federalismo implica una industria de medios distribuida en todo el país, con la posibilidad de que las propias comunidades moldeen su identidad con su historia, su economía, su desarrollo y su relación con el todo nacional.
En este momento, donde el escenario social creado y recreado por los medios (cualesquiera sea su soporte) ya no constituye un mero mecanismo de difusión, sino un verdadero sistema de relacionamiento absolutamente complementario y fusionado al de las interacciones interpersonales, la biodiversidad comunicacional toma un rol protagónico: genera ciudadanía garantizando de manera directa e indirectamente derechos como el ya mencionado de la información, pero también el derecho a la cultura, a la educación, al entretenimiento, incluso a la salud y al trabajo.
El sistema de medios no puede entenderse como pequeñas unidades aisladas, sino más bien como una inmensa red con diferentes puntos interaccionando, intercambiando diferentes tipos de recursos. Cuando algunos nodos, por diferentes razones, no permiten que otros puedan relacionarse y utilizar recursos, estamos ante una situación de restricción no sólo de el acceso, por ejemplo, a la renta publicitaria, al papel para periódicos, a la salida en una nota de interés regional o la presencia de una señal de interés público en una grilla de TV por cable, sino fundamentalmente del ejercicio de ciudadanía. Hablamos, así, de redes concentradas. Esa es la situación que hoy está en debate en nuestro país. Así las cosas, el conocido como 7D no sólo significa un límite legal y absolutamente legítimo a que la lógica empresaria concentrada sea la única matriz que ordene el sistema de medios, ese espacio de conformación de ciudadanía. "El sistema de medios es demasiado importante para dejárselo a los grupos concentrados", podríamos decir impostando la frase atribuida a Georges Clemenceau.
La Ley de Servicios Audiovisuales prevé tres tipos de actores en el reparto de las licencias para ejercer la actividad audiovisual: El estado, las empresas comerciales y el sector sin fines de lucro. Parte de este último espacio es la economía solidaria argentina, compuesta por más de 20.000 cooperativas y mutuales que producen cerca del 10 por ciento del PBI e involucran a unas 14 millones de personas en todo el país. Este sector desarrolla servicios públicos en más de la mitad de los municipios de Argentina, es responsable del 45 por ciento de la producción láctea, del 97 por ciento de la electrificación rural, del 60 por ciento de la oferta de seguros, entre otros ítems de consideración.
Las cooperativas y mutuales tienen la historia, la capacidad de gestión, la inserción territorial y el arraigo social y cultural, los recursos materiales y humanos y, fundamentalmente, la experiencia en las infotelecomunicaciones, como para constituirse en un vector que contribuya a redibujar el mapa del sistema de medios argentino.
La integración e intercooperación, medulares en la economía solidaria, y las capacidades derivadas de ellas de agregar valor, conformar entramados organizativos sólidos donde conviven pequeñas unidades productivas (entre ellas pymes) y fuertes actores, con la titularidad de cientos de miles de mujeres y hombres que participan democráticamente, son clave para construir redes comunicativas fuertes y distribuidas en todo el territorio, ricas en capacidades y posibilidades, capaces de priorizar el concepto de Servicio Público. Creemos que esta perspectiva es una de las claves para transitar la brecha histórica abierta en el sistema de medios de nuestro país por la presencia de nuevos actores, las iniciativas gubernamentales en materia de infraestructura y legislativa, y las nuevas tecnologías.
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